Durante diciembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, dentro del cual se pretende abrir 100 nuevas instituciones académicas de educación superior gratuitas en poblaciones de menores recurso del país.

De inmediato, la propuesta generó división de opiniones derivado de que el tema de acceso y cobertura en educación universitaria es uno de las mayores problemáticas de sistema educativo en México.

Según datos del Institute for Statistics de la Unesco, durante 2015 el territorio nacional contaba con una cobertura del 37 por ciento en el grupo de personas jóvenes en edad de estudiar, mientras que en la región de América Latina y el Caribe la cobertura promedio en el segmento es del 44.4 por ciento; mientras que los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la cobertura se eleva a casi el 75 por ciento.

Y es que la calidad, un factor clave en la educación, cimbró dudas en el programa ya que una cosa es abrir universidades, pero otra muy diferente es custodiar la calidad de dichos planteles, pues, de lo contrario, se ofrecería formación de segunda o tercera categoría para los jóvenes de menos recursos económicos; y si se toma en consideración que el país cuenta con universidades públicas reconocidas en el plano internacional, este tendría que ser el nivel mínimo de los futuros planteles.

Asimismo, otro de los problemas que vive el mexicano para lograr estudios superiores es que la educación está supeditada al origen socioeconómico; de tal forma que la educación en México no está relacionada con la cantidad de planteles que pudiesen existir, sino a la calidad de las mismas ya que de nada sirve elevar el número de matriculados si al momento de buscar trabajo, no tienen las capacidades para cubrir un puesto laboral.