En el dinámico mundo actual, las empresas buscan constantemente estrategias para optimizar sus recursos, mejorar su eficiencia y aumentar su competitividad. Lo que antes llamábamos outsourcing, y desde reforma de 2021 a la ley conocemos como “prestación de servicios especializados”, ha emergido como una herramienta poderosa para alcanzar estos objetivos, convirtiéndose en un aliado estratégico para el crecimiento empresarial.
Sin embargo, en los últimos años el gobierno ha satanizado este esquema y ha reducido esa práctica a una forma para que “las empresas pueden eludir las responsabilidades laborales y ofrecer condiciones de trabajo precarias a los trabajadores subcontratados”, a través de una campaña sistemática de marketing.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en octubre de 2020 a las empresas de outsourcing, a las que calificó de “coyotes” y traficantes de influencias. “Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca”, dijo en ese momento el mandatario.
En este sentido, Jesús Moscoso, especialista en la gestión empresarial y CEO de ESSAD, asegura que “uno de los principales beneficios de la prestación de servicios especializados radica en el acceso a expertise especializado. Al delegar tareas o procesos específicos a proveedores externos, las empresas pueden beneficiarse del conocimiento y la experiencia de profesionales altamente calificados en áreas que podrían no estar dentro de su core business. Esto permite a las empresas enfocar sus recursos en sus actividades centrales, aquellas que generan mayor valor y ventaja competitiva”.
Otro de los beneficios de esta práctica es la eliminación de posibilidades de infringir la ley en material laboral, fiscal y contable. En un país en el que, de acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México, sólo el 30 por ciento de los empleadores cumplen con el pago de las utilidades, se hace imprescindible la contratación de un servicio que abogue por el cumplimiento de la normativa laboral vigente y evite que los corporativos resulten sancionados.
“Para evitar caer en penalidades, es necesario contar con personas especializadas en el área de contabilidad, recursos humanos, materia fiscal y, por supuesto, en leyes, que garantice que se haga un pago adecuado al trabajador”, afirmó Moscoso, quien fundó ESSAD con la intención de garantizar a las empresas asesoría en materia laboral y corporativa.
Tras años de críticas y campañas negativas, el gobierno de México parece reconocer estos beneficios. Pese a la recomendación del presidente Andrés Manuel
López Obrador de que no haya subcontratación en el gobierno federal, la prestación de servicios especializados persiste en la administración pública federal.
Sólo en 2023, uno de cada tres contratos del gobierno fue por subcontratación, mientras que en lo que va del año se contabilizan más de 70% de los convenios. El año pasado se registraron 154 mil 987 contratos en la administración pública federal por un monto que superó los 305 mil 129 millones de pesos; 54 mil 802 contratos fueron para servicios con empresas externas por un monto que supera los 139 mil 323 millones.
En conclusión, la prestación de servicios especializados puede generar ahorros significativos en costos operativos para las empresas. Al externalizar tareas o procesos, las empresas pueden eliminar la necesidad de invertir en infraestructura, capacitación de personal y adquisición de tecnología especializada. Además, permite a las empresas optimizar el uso de sus recursos internos, asignándolos a actividades que generan mayor impacto en su negocio.
En este sentido, ESSAD recomienda jugar con las reglas del juego, con el con el cumplimiento estricto de la legalidad, registros, permisos y reportes, no haciendo interpretaciones fraudulentas de las leyes.
“No hay ya de qué alarmarse, la regulación a la práctica de tercerización laboral en México solamente es viable a través de la figura de Servicios Especializados, que se convierte en una alternativa concreta para que las empresas en México puedan potenciar sus objetivos comerciales y el cumplimiento de sus metas. Lo importante es contar con asesores o consultores responsables, cumplidos y orientados por el cumplimiento normativo que, además, mezclen tecnología, análisis y enfoque de las acciones necesarias para una buena práctica”, resume Moscoso.