Aunque el turismo se mantiene como uno de los motores económicos del país, el gobierno en turno tiene la tarea de mejorar la posición de esta industria a nivel internacional para garantizar los ingresos relacionados con este concepto.

Durante 2017, según datos de la Organización Mundial de Turismo, México se colocó en la sexta posición a nivel global como destino de turismo; dentro del indicador el país subió dos puestos en comparación con el año previo cuando se ubicó en octavo.

Sin embargo, dentro de las naciones que mayor divisas reciben por concepto de turismo, la nación bajó un puesto al pasar del sitio 14 al 15 dentro del año de comparación.

Por tal motivo, la nueva administración al mando de Andrés Manuel López Obrador se reunió en Chetumal, Quintana Roo a fin de presentar la Estrategia Nacional de Turismo 2018-2024 con la que el gobierno federal buscará atraer a turistas de alto potencial económico.

Dicho plan de acción contempla, entre otras cosas, atraer a visitantes de alto poder adquisitivo como los provenientes de Emiratos Árabes, Corea, Reino Unido y Japón, además de mejorar la promoción turística de cada estado.

Airbnb y un impuesto que debe ser claro

De esta manera, y con la intención de fortalecer esta última linea de acción, el gobierno plantea implementar un impuesto a plataformas como Airbnb con el fin de apoyar al sector hotelero y cerrar la brecha en lo que se ha catalogado como competencia desleal.

El asunto es especialmente interesante si consideramos que dicha plataforma ya paga una contribución en cinco estados del país -Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca- en donde los anfitriones pagan un gravamen del 3 por ciento conocido como Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Lo que llama la atención es que este impuesto no es absorbido directamente por la plataforma, sino que se atribuye al servicio que prestan los usuarios por lo que el huésped es quien desembolsa dicho 3 por ciento, mientras la plataforma ve sus ingresos intactos.

El tema no es menor si consideramos que, de acuerdo con un estudio firmado por  la Universidad Anáhuac, Airbnb se ve exento de 5 mil millones de pesos al año sólo en ISR. En cambio, los hoteles pagan casi 50 centavos por cada peso que ganan.

Turismo, el gran perdedor

La propuesta de una carga impositiva para este tipo de servicios es una necesidad que podría prevenir una crisis más allá de la competencia desleal dentro del sector hotelero.

Aunque soluciones como Airbnb prometen impulsar el desarrollo turístico de las ciudades en donde opera, lo cierto es que a largo plazo representan, en realidad, un grave riesgo.

Ver lo que sucede en países como Cuba demuestra la premisa. Airbnb llegó a la isla en 2015 y en tan sólo dos años, el país caribeño participaba en la plataforma con 22 mil propiedades disponibles para alquilar, mismas que generaron ganancias acumuladas cercanas a los 40 millones de dólares desde abril de 2015, gracias a los 560 mil turistas que han buscado alojamiento en Cuba por medio de Airbnb.

Para ser más específicos en promedio, cada mes llegan a Cuba 70 mil turistas con alojamiento hallado por Airbnb. Si este número se acumula a un año, tenemos que los clientes de Airbnb representan el 21 por ciento del total de turistas captados por Cuba durante 2016, cuando alcanzó la cifra de 4 millones de visitantes. 

En una primera lectura, estas cifras representarían un beneficio para la economía local. Sin embargo, es justo reconocer que hablamos de una empresa que llegó como un jugador importante dentro de la industria hotelera sin regulaciones claras que favorecieran la rentabilidad del turismo para las localidades que dependen de esta arista comercial.

Para ser más precisos, al no tener normas claras de funcionamiento, responsabilidades y derechos para ese tipo de ofertas turísticas, las autoridades se ven limitadas en su tarea para regular la saturación de cada zona con lo que servicios de primera necesidad -como agua, luz y drenaje, por ejemplo- pueden verse comprometidos así como cuestiones relacionadas con medios de transporte y movilidad. La situación, más temprano que tarde, terminará por afectar la rentabilidad de las actividades turísticas.

Lo que está en juego es mucho. El gobierno tendrá la tarea de encontrar soluciones que, por un lado, deberán apostar por adaptar la oferta local al neoturismo, pero que por otro no deberán olvidar las garantías de los residentes locales, mismos que figuran como parte esencial para mantener la rentabilidad del gran negocio llamado turismo.