Desde hace algunas semanas, diversos medios han reportado prácticas relacionada con la venta de votos. Así lo refiere algunas ofertas publicadas en sitios como Mercado Libre, en donde diversos usuarios han puesto a la venta su voto por precios que van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos. Dichas propuestas, provienen de usuarios con residencia en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California, Yucatán y Ciudad de México, quienes se comporten a enviar evidencia de que el proceso favorece a los intereses del comprador.

Dentro de algunas publicaciones de esta naturaleza, ya existen respuestas que se interesan por llevar a acabo dicha compra, aunque no queda claro si el proceso se concreto.

Con esto en mente, han surgido diversas iniciativas que buscan frenar este fenómeno que se ubica como un claro enemigo del proceso democrático. Una de ejes es Democracia sin pobreza, organización que genera mapas sobre aquellos lugares en los que han sido denunciadas iniciativas que buscan repartir bienes materiales, tarjetas y dinero a cambio de votar por un candidato específico.

Aunque esta muestra no es representativa, permite visualizar con números y ubicaciones un problema que crecerá conforme se acerque el momento de decidir en casilla, por lo que merece ser estudiada desde ahora para determinar los posibles efectos y afectaciones.

De esta manera, en un monitoreo cerrado hasta el pasado 26 de mayo, se estimaba que el precio del voto osciló entre los 500 y 5 mil pesos. En estados del norte como Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas se ofrecen no más de 500 pesos para inferir en la decisión de voto, mientras que en entidades como Estado de Mexico, Tabasco o Oaxaca son los que poseen un precio más elevado que va de los 3 mil a los 5 mil pesos. En la Ciudad de México, la oferta por el voto se encuentra en los 200 y los 2 mil 500 pesos.

Estos datos cobran aún mayor elegancia ciando se considera que el costo mencionó de la canasta alimentaria rural es de mil 054 pesos.

Este tipo de situaciones han activado las alertas entre las autoridades electorales así como de los estrategas políticos, ya que si bien no se trata de algo nuevo, si es una práctica que ha ganado alcance, relevancia y mayor replica gracias a espacios digitales como las redes sociales.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que en caso de que exista un comprador del voto, la oferta en internet podría considerarse apología del delito electoral y ser sancionada de la misma manera que se castiga a quien vende el voto.

El castigo por este tipo de prácticas sería el pago de una multa de 50 a 100 días, y prisión de seis meses a tres años, si consideramos que, según la Ley General en Materia de Delitos Electores, esta es la sanción que reciben aquellos que “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular”.