Como era de esperarse uno de los temas a tratar en el Segundo Informe de Gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, fue la emergencia sanitaria derivada de la epidemia provocada por el Covid-19.

De la misma manera que ha sucedido con el resto de los gobiernos en el mundo, la administración de AMLO se ha enfrentado a este inesperado suceso mundial, en donde con una cuenta de miles de muertos y contagiados, la estrategia del gobierno federal se ha puesto en duda en más de una ocasión.

La estrategia de gobierno

Fue el 22 enero de este año cuando por primera vez el líder del gobierno federal hizo referencia a un primer caso sospecho de Covid-9 en México. Cinco días después, este suceso ya era un hecho con lo que desde ese momento se tomaron cartas en el asunto para prevenir escenarios complejos como los que en aquel momento ya se vivían en Europa y algunas partes de Asia.

Como lo menciona un reporte entregado por Zimat, la estrategia federal para hacer frente a la epidemia ha tomado como eje rector disminuir la velocidad de contagios con el fin de garantizar (de cierta manera) la ocupación hospitalaria y atención médica a los pacientes; no obstante, esta línea trae consigo una vida mayor para la epidemia en el país.

Con esto en mente, se estableció al inicio de la emergencia, que los responsables de la ejecución de las medidas de control y seguridad al respecto estarían guiadas por el gobierno federal, pero serían los gobiernos municipales y estatales los deberían de garantizar su cumplimiento.

De esta manera, como indica el mencionado reporte, la estrategia ha sido cuestionada desde varios frentes.

“Primero, se señala que el cálculo de los contagios y de los fallecimientos ha presentado deficiencias; además, se cuestiona el conteo de la disponibilidad hospitalaria; la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico, y las escasas transferencias de recursos para la atención sanitaria a los Estados”, dicta el reporte de Zimat.

Las acciones implementadas 

Luego de que el primer deceso por Covid-19 en México se registrará el 18 de marzo, el gobierno federal  puso en marcha la iniciativa Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual estableció una serie de medidas preventivas y protocolos de seguridad que de ser atendidas de manera comunitaria reducirían los casos de contagios y entregarían un mayor control de riesgos sanitarios.

Este programa que duró del 23 de marzo al pasado 30 de mayo y que hizo énfasis en incentivar el lavado frecuente de manos, guardar la distancia recomendada y permanecer en casa, se implementó a la par de la suspensión de actividades consideradas como no esenciales en sectores público, privado y social, lo que supuso un freno importante para muchas actividades económicas en el país. 

Luego de que a decir del gobierno la epidemia parecía estar controlada, el 13 de mayo fue presentada la llamada “Nueva Normalidad” una estrategia cuyo objetivo era reapertura de manera gradual y ordenada las actividades económicas con base en un sistema de riesgo epidemiológico que, con base en la ocupación hospitalaria, iría avanzando del rojo hasta llegar al verde.

Lo cierto es que la metodología de este semáforo así como la transferencia-recepción de la información con la que se alimento el sistema, causó conflicto entre la autoridad federal y las autoridades estatales, con lo que el pasado 28 de agosto se presentó una nueva metodología para el semáforo producto de la negociación con los gobiernos federales.

Comunicación: El gran problema 

Lo cierto es que el gran problema para el gobierno federal de cara al Covid-19 en México, ha estado fuertemente relacionado con la inconsistencia en la comunicación, fenómeno que se ha hecho presente en más de una ocasión. 

En este punto resulta útil dividirlo por temas puntuales:

Uso de cubrebocas

El uso de mascarilla en el país ha generado discrepancias y declaraciones encontradas entre las autoridades de salud. Hacia el 16 de abril, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmaba en relación al cubrebocas que “su utilización tiene pobre o nula utilidad como medida preventiva”.

A poco más de un mes, el 25 de mayo, el representante de salud del gobierno relajaba su postura al respecto al indicar “no soy enemigo del cubrebocas, aunque no es efectivo como mecanismo de prevención”.

Fue hasta el pasado 11 de julio, cuando Gatell aseguró que “el uso masivo podría ayudar a disminuir la transmisión, pero no será una medida obligatoria”.

Fin de la epidemia 

Cuando la epidemia comenzó en el país, las autoridades de salud aseguraron que la emergencia sanitaria llegaría a su fin el 25 de junio. No obstante, a días de que la fecha se cumpliera y ante un incremento de casos y muertes relacionadas, el subsecretario de salud aseguraba que sus proyecciones habrían sido “rebasadas”. A finales de junio, el funcionario aseguró que la “epidemia sería larga” y que podría durar hasta tres años. Esto le gano las criticas de analistas, sociedad científica y civil, quienes aseguraron que los cálculos no correspondieron nunca con la evolución de la enfermedad en el país.

Proyecciones equivocadas 

Caso similar sucedió con lo referente a los pronósticos de muertes. Para finales de febrero, las autoridades anunciaron que se llegaría a 12 mil 500 decesos; no obstante, para principios de junio, las autoridades de salud afirmaban que eran muchos los escenarios que se podrían cumplir siendo el más probable el de 35 mil fallecimientos.

Estas impresiones en discurso sumado a la forma en que que fue comunicado ha llenado de dudas a la estrategia de gobierno que si bien teóricamente tiene fundamentos, la incoherencia ha puesto en duda el plan de gobierno y su efectividad de cara a una economía que se muestra detenida.