Es cada vez más frecuente que los funcionarios públicos, legisladores y otros personajes involucrados con la política, el poder y puestos de elección popular tengan presencia en las redes sociales.

A través de sus cuentas de Twitter, los funcionarios públicos sostienen diálogos directos con la ciudadanía y esta vía se convierte en un canal de gran efectividad en la que quienes ocupan puestos de gobiernos pueden comprender mejor las necesidades de la población.

El problema surge cuando los personajes en cuestión no aceptan la crítica ni la confrontación cotidiana que se desarrolla, por ejemplo, a través de Twitter. Entonces, muchos aprovechan para bloquear a los usuarios incómodos, como sucedió con Javier Lozano, cuando era senador del Partido Acción Nacional, con quien redacta estas líneas.

Pero la crítica principal se centra en que cuando los políticos asumen puestos de elección popular o tienen tareas en las que es el erario de la gente lo que los mantiene, se crea en ellos una responsbilidad ética de tener cercanía por todas las vías posibles.

Por eso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los servidores públicos se obligan a tener conversación con los ciudadanos y no pueden bloquearlos.

Se trata de un proyecto promovido por el ministro Eduardo Medina Mora, en el que se afirma que los funcionarios no pueden alegar derecho a la intimidad cuando en realidad “se atenta contra los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos”.