Senadores y diputados alistan un borrador de la ley general de comunicación social, para cumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de regular la publicidad gubernamental a mÔs tardar el 30 de abril.
El modelo de ley estƔ siendo preparado por diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de MƩxico (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
La ley general de comunicación social, reglamentaria del pĆ”rrafo octavo del ArtĆculo 134 constitucional, establecerĆ” las normas a las que se deberĆ”n sujetar las entidades pĆŗblicas, asĆ como garantizar que la inversión financiera en la materia cumpla los criterios de eficiencia, eficacia, economĆa, transparencia y honradez.
La legislación incorporarÔ siete apartados en los que se regulan el contenido de la comunicación social: el gasto en la materia, la evaluación de la comunicación social, la revisión y fiscalización, la actualización del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, los informes al Poder Legislativo, asà como las infracciones y sanciones.
La propuesta establece que deberÔ respetarse a cabalidad la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la nación, asà como el fomento al acceso ciudadano a la información.
TambiĆ©n se prevĆ© que la administración pĆŗblica federal, a travĆ©s de la SecretarĆa de Gobernación (Segob), informe bimestralmente a la CĆ”mara de Diputados los avances en la ejecución de programas y campaƱas de comunicación social.
El 30 de noviembre de 2017, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión regular el uso de dinero público destinado a la publicidad oficial.
La decisión fue tomada en una votación de cuatro votos a uno en la Primera Sala de la SCJN ante la omisión del Congreso de legislar el pĆ”rrafo octavo del artĆculo 134 de la Constitución.
Los ministros de la Primera Sala resolvieron concederle el amparo a la organización no gubernamental ArtĆculo 19, que impugnó la omisión del Congreso en la materia.
La organización se quejó de la inacción del Congreso, pues desde febrero de 2014 estaba obligado a regular el gasto en publicidad oficial, segĆŗn estableció la reforma polĆtico-electoral aprobada entonces.