La Justicia de Brasil confirmó este lunes en segunda instancia la condena de 12 años y un mes de cárcel para el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción, tras rechazar los recursos presentados por la defensa del exmandatario, cuya reclusión depende de un recurso en la Corte Suprema.

Tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) rechazaron por unanimidad los “embargos de declaración”, un tipo de recurso que no permite reevaluar el “mérito” del proceso, es decir, si Lula cometió o no los delitos que le imputaron, sino apenas el procedimiento judicial.

Así, los abogados del expresidente tienen apenas un nuevo recurso en la sede del TRF4, la segunda instancia, antes de que la condena sea en firme y sólo pueda ser recurrida en instancias judiciales superiores.

“Este juicio no acabó”, aseguró el abogado del equipo de defensa de Lula da Silva, José Roberto Batochio, tras la decisión judicial.

A pesar de que la ley en Brasil establece que los condenados en segunda instancia deben comenzar a cumplir la pena, una decisión de la Corte Suprema del país la semana pasada permite al exmandatario, que aspira a un tercer mandato en octubre, seguir en libertad al menos hasta el 4 de abril.

Será entonces cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) analice el pedido de habeas corpus presentado por los abogados de Lula con el objetivo de evitar que vaya a prisión y, eventualmente, que no sea inhabilitado políticamente.

La Ley de Ficha Limpia, aprobada por el propio Lula en 2010 antes de terminar su segundo mandato, establece que los condenados por tribunales colegiados por crímenes como lavado de dinero quedan inhabilitados por ocho años.

Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado por unanimidad en febrero pasado por los tres jueces del TRF4 e incluso elevaron su pena de nueve años y medio a 12 años y un mes de cárcel.

Lula ya había sido condenado en julio pasado por esta misma causa, en primera instancia, al beneficiarse de la remodelación millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar.

El expresidente niega la propiedad del apartamento y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la remodelación del departamento aprobados por la esposa fallecida de Lula indican que su familia era la real beneficiaria del inmueble.