El décimo octavo presidente de los EUA, Ulysses S Grant, adicto a la buena vida, gustaba terminar el día en el bar del hotel Willard de Washington, donde mientras saboreaba un puro y un brandy, era merodeado por asesores políticos que frecuentaban el lobby del hotel con la pretensión de pagarle su consumo y así acercársele, en su afán por influir en sus decisiones políticas.

Aunque hay otros registros de que la palabra lobbying se utilizó con anterioridad, fue durante la cuestionada presidencia del general Grant cuando el término se popularizó.

El lobbying es una expresión democrática, muy cuestionada, pero finalmente es una herramienta que le da voz a grupos de personas organizadas, al comercio o la industria, que trabajan en conjunto con el fin de influir en políticas públicas y decisiones del gobierno que atañen particularmente a la sociedad o a un sector.

Y es una herramienta de la democracia, porque el derecho a hacer peticiones al gobierno es uno de los derechos más preciados de un gobierno democrático, reconocido específicamente desde la Carta Magna de 1215.

El cabildeo nació en México gracias a un avance democrático. Era difícil pensar en esta actividad, cuando las cámaras legislativas estaban en manos de una sola corriente política, lo que en esencia, no es democracia. Entonces las gestiones se hacían al más alto nivel, directamente con el Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta la división de poderes.

Cuestiones morales y éticas envuelven a esta actividad en una permanente controversia, de ahí el incansable interés por crear y fortalecer regulaciones que lo acoten y favorezcan la transparencia.

Uno de los esfuerzos más serios para poner en orden el cabildeo, surgió de los EUA con The Lobbying Disclosure Act (LDA por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1995, después de décadas de iniciativas que culminaron en una regulación más efectiva.

“El propósito de las leyes de cabildeo es de enterar al público quién está siendo pagado y cuánto para cabildear por quien y para qué”, declaró en Senador Carl Levin, en relación a la anterior ley de cabildeo creada en 1992.

Y aunque el LDA, sufrió una reforma en 2007, con más candados y exigencias como la de exhortar a los cabilderos federales a registrarse ante el Encargado de la de la Casa de Representantes y el Secretario del Senado de EUA, bajo la pena de una multa civil por $50,000 usd por no hacerlo.

La LDA tiene candados muy severos, por ejemplo, el cabildero debe de informar a quien representa, cuál es su fin, cuál es el presupuesto y si pretende dar un donativo a alguna campaña política. De igual forma, impide a funcionaros públicos incorporarse a esta actividad, antes de uno a cinco años de haber dejado su puesto.

En México, está función ha prosperado de manera notable. Se dice que existen alrededor de 600 firmas dedicadas al cabildeo, cuyo registro lleva la Secretaría de Servicios Parlamentarios y que se actualiza de manera periódica.

La intención de formalizarla en México inició en el 2011, tomando forma en el 2013 como la Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas y donde es reconocido como un derecho.

La peculiaridad de esta normativa es que restringe la actividad específicamente al intercambio de información y está prohibido que los cabilderos utilicen recursos económicos para persuadir a los legisladores. Sin embargo, esto no es suficiente en cuanto a sus alcances.

Las reformas poco han hecho para transparentar las relaciones de los legisladores con los grupos de interés. El cabildeo requiere una regulación que otorgue derechos, asigne responsabilidades y transparente cada acción que se realice, evitando con ello que se cruce la delgada línea que existe entre el cabildeo, el tráfico de influencias y la corrupción.

Y no se trata de coartar. Lo trascendental no está solo en regularlo, sino de conducirlo para que puede utilizarse eficazmente, que en verdad se convierta en un instrumento que de acceso a la sociedad civil con quienes les legislan.

En México hay una tendencia a copiar leyes y reglamentos de otros países y “tropicalizarlos” sin explorar todas las vertientes de su efecto. Se han cometido errores y aberraciones como la Ley del Tabaco, la Ley contra la obesidad o la Ley de circos sin animales.

Si, por supuesto que hay que analizar la legislación en función en otros países y sus consecuencias, y no solo traducir los artículos más rigurosos. En México, las exigencias son mayores, pues tenemos un sistema que está mucho más expuesto a la corrupción, por lo que habría que cabildear por una ley más transparente.