La Comisión Europea, en su búsqueda por proteger a los autores en internet, frente a los gigantes tecnológicos, acaba de proponer este jueves, en medio de grandes polémicas, reformar el derecho de autor en Internet. De esta forma, los medios de comunicación podrían cobrar a las plataformas online por la utilización de sus contenidos, además de obligar a otras como YouTube, para que controlen y tomen medidas para evitar la difusión de contenidos piratas publicados por los usuarios.

Actualmente, la normativa que rige el mercado digital europeo es del año 2001, por lo que no existían plataformas como YouTube ni smartphones y tener cobertura Wi-Fi no era una preocupación para casi nadie, de allí la necesidad de realizar cambios que vayan con los tiempos.

En momentos en los que grandes empresas tecnológicas y de internet, dominan el panorama, la Comisión Europea trata de actualizar su legislación y por defender a ello, pretende centrar parte de sus esfuerzos a los creadores de contenido origina así como contribuir a la mejora de la rentabilidad del uso de sus obras online y a que los usuarios de la UE, puedan acceder desde internet a los productos culturales sin limitación de índole geográfica.

Estas propuestas afectarían a los grandes del sector, desde Google o Facebook a creadores, productores, discográficas, editores, periodistas, televisiones y servicios audiovisuales de streaming, universidades, investigadores, etc., por ello mientras algunos sectores celebran la protección de los autores, otros acusan a Bruselas de intentar limitar la libertad en internet.

Tal como explicaba Juncker al exponer el proyecto, “Quiero que los periodistas, editores, autores y otros cobren de manera justa por su trabajo, ya lo hagan en una oficina o en casa, lo difundan en formato físico u online, lo distribuyan gracias a una fotocopiadora o a un enlace”.

El proyecto, llamado Copyright package, está conformado por dos reglamentos y dos directivas, deberá pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo, en una fase que durará varios meses, y después de su aprobación, lo que se decida será vinculante para los países miembros, que deberán adaptar su legislación interna.

Uno de los aspectos más polémicos ha sido el de los medios de comunicación, pues aunque lo que la Comisión busca es que los editores de prensa tengan derechos sobre sus publicaciones, similares a los de productores musicales o cinematográficos, para lograr “mejor posición cuando negocien el uso de sus contenidos con servicios online” como Facebook o Google News, el detalle radica en que se ha mantenido una ambigüedad que no gusta a ninguna de las partes.

Y es que aunque Bruselas desea establecer este derecho, intervendría a la hora de acordar un modelo de pago, por lo que dependería de cada país o incluso de cada negociación. Lo que puede llevar a situaciones similares como la acontecida en España con la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el PP, en la cual se estableció el “derecho irrenunciable” de los editores a cobrar, lo que llevó al agregador de noticias Google News a dejar de prestar sus servicios para los usuarios españoles. Y que ahora podría repetirse al completo en toda la UE.