La discusión sobre la manera de regular y controlar el poder de las redes sociales que ha dado mucho de que hablar a nivel mundial parece haber llegado al mercado mexicano y ahora se ha puesto sobre la mesa una iniciativa de ley que busca regular la operación de Twitter y Facebook en México.

La propuesta llegó de la mano del senador de Morena, Ricardo Monreal, quien puso a consideración de los expertos, especialistas, académicos y usuarios la propuesta de una nueva ley que, entre otras cosas, considera la participación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el ente regulador que autorice los términos y condiciones de las empresas empresa que ofrecen este tipo de servicios.

Los detalles

Adicional, la iniciativa contempla que sea este organismo quien dé seguimiento y solución a las quejas que los usuarios pudieran tener alrededor de la operación de plataformas como Twitter y Facebook.

La iniciativa propone desde multas por bloquear las cuentas de los usuarios hasta la exigencia de contar con un departamento o área especializada y local que se encargue de atender las quejas de los usuarios.

De manera puntual, la iniciativa propuesta puede resumirse en los siguientes puntos:

Área de atención especializada

Las plataformas que tengan más de un millón de usuarios en el mercado mexicano, como es el caso de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram y TikTok, por ejemplo, deberán de contar con un departamento que de atención a las quejas de los usuarios que tengan problemas en caso de que su perfil haya sido eliminado o suspendido.

De Profeco al IFT

Se busca que sea el IFT el que regule y vigile la operación de las redes sociales en el país, al tiempo que sea el organismo encargado de atender las quejas de los usuarios, labor que hasta ahora resuelve la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con autorización 

Las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes (con más de un millón de usuarios), deberán de tener la autorización del IFT para operar en el país bajo términos y condiciones de servicio, sin la previa aprobación del regulador.

Si podrá haber suspensiones 

LAs redes sociales con autorización para operar podrán incluir en sus políticas mecanismos para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta, pero estos deberán ser aprobados previamente por el IFT. 

Un área especializada

PAra la cancelación definitiva de una cuenta, las redes sociales deberán contar con un departamento físico conformado por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. Así queda prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas para tal fin.

Conforme a la ley

La suspensión de cuentas en plataformas como Facebook y Twitter deberá acreditarse en términos de los artículos sexto y séptimo constitucional, para asegurar que el mensaje o contenido difundido, incluyendo las noticias falsas; atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Con réplica

Plataformas como Facebook y Twitter deberán de incluir en sus políticas de uso un procedimiento interno para que sus usuarios puedan impugnar la suspensión de su cuenta o perfil, la eliminación de su contenido o la cancelación de su cuenta o perfil, mismo que debería ser aprobado previamente por el IFT y deberá dar garantía de dar respuesta en un plazo no mayor a 24 horas.

Una multa

En caso de que las redes sociales incurran en una violación a los derechos humanos de libertad de expresión, podrían ser sancionadas por el IFT con una multa por el equivalente a un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes en la Ciudad de México, lo que según datos para el 2021 se traduciría en cerca de 82 millones de pesos.

La importancia de esta ley

Aunque es cierto que se trata de apenas una iniciativa de ley, con esta propuesta México podría seguir los pasos de cientos de países alrededor del mundo que ahora mismo buscan regular el funcionamiento de las redes sociales en sus mercados, al considerar que espacios como Twitter y Facebook concentran un gran poder cuando de gestionar y formar la opinión publica se trata.

Lo cierto es que esta regulaciones no sientan para nada bien al negocio de las plataformas en cuestión, e incluso, podrían ser un factor que demerite el servicio que hasta ahora ofrecen a sus usuarios.

Es importante revisar la propuesta con lupa para garantizar que en todo momento se velan por los derechos y garantías del usuario final, mismo que en caso de que estas leyes no se ejecuten de la mejor manera podría ser el más afectado.

El desarrollo digital del país está en juego, situación que no es menor en una economía totalmente digitalizada que si bien necesita regularse con urgencia, también no puede ver frenado su campo de acción.

Postura encontrada

Bajo esta línea, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) emitido una posición alrededor de esta iniciativa en donde se dicen preocupados por diversa razones.

De esta manera, indicaron que “bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público. Por lo tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada”.

Adicional, indicó que “la erosión de las medidas técnicas y humanas que ya toman las plataformas para proteger la legalidad y la integridad en las redes sociales afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables. No se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenido que se dan de baja diariamente a través de sistemas de Inteligencia Artificial por violar las políticas de las plataformas”.

Por último, reafirmaron que “la necesidad de obtener una autorización en México para la operación de las denominadas como “redes sociales relevantes” atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EUA ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos”.

Por último, la mencionada asociación destacó que “esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las MiPyMEs y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia”.