• Se espera que la investigación contra American Express también determine si sus supuestas acciones lastimaron a los consumidores

• En su momento, la compañía financiera aseguró que tenía una serie de controles y balances robusto que permitía detectar estos incidentes

• A la vez, reconoció que se habían observado algunos casos desagradables, pero que serían atendidos de forma rápida y acorde

En los últimos meses, parece que la atención de las autoridades de Estados Unidos (EEUU), al menos en lo que se refiere a prácticas de negocio, ha estado en las Big Tech. Tiene sentido, ya que hay preocupaciones muy reales sobre sus posibles hábitos anti-competitivos a lo largo de los años. Sin embargo, hay otras industrias que también han logrado atraer la atención de los reguladores, como la bancaria. Y de acuerdo con Reuters, específicamente American Express.

La agencia reporta que investigadores federales habrían empezado una investigación contra la compañía financiera. El proceso no ha sido dado a conocer oficialmente por las agencias de gobierno ni por la compañía. De hecho, según Reuters, American Express no había emitido, al mediodía, todavía una declaración sobre el supuesto proceso. El reporte parte de datos que fueron dados a conocer al Wall Street Journal por fuentes internas que son cercanas al tema.

Concretamente se está examinando cómo American Express vendía sus tarjetas de crédito para negocios y empresarios. Previos reportes del WSJ sugieren que personal de la marca habrían forzado o engañado a los dueños de empresas a aceptar sus servicios. Esto, solo con el objetivo de aumentar sus propios números de venta. Aparte de emitir cuentas no solicitadas, habrían descrito beneficios o comisiones equivocadamente para hacer más atractiva la oferta.

Un problema de marca para American Express

La investigación de EEUU estaría siendo realizada tanto por el Departamento del Tesoro como por la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Buscan determinar si  los reportes iniciales del WSJ son reales, así como hallar qué empleados de American Express están involucrados en el escándalo. También se intentaría confirmar si algún directivo de más alto nivel propiciaba o se hacía de la vista gorda ante estas tácticas agresivas y engañosas.

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Cabe destacar que esta investigación, de ser verdadera, llega en un momento complejo para American Express. De acuerdo con Bloomberg, la empresa recién inició un plan de expansión  de beneficios para sus miembros Centurion. La idea no solo es convencer a los usuarios que ya pagan una comisión fija de mantener su cuenta en el mediano plazo. También se planea convencer a los clientes del plan Platinum de invertir un poco más en su relación de negocios.

Las raíces de la investigación, así como este plan para atraer más clientes, podría sugerir un ligero problema de ingresos dentro de American Express. Pero más allá de eso, el litigio con las autoridades de EEUU tienen un potencial devastador para su reputación. Según LLYC, es cada vez más común que este tipo de procesos legales, no importa si están fundados o no, destruyan la imagen de una marca. Así que se avecinan meses difíciles para esta compañía.

Bajo el escrutinio de las autoridades (y el público)

Como ya se dijo, American Express no es la única empresa que está bajo la lupa de EEUU. A finales del año pasado, se lanzó una acusación contra Walmart. El gobierno norteamericano señaló a la cadena de retaili, específicamente su unidad health, de ser clave en la actual crisis de opioides que vive el país. Esto, porque sus expertos farmacéuticos se hicieron de la vista gorda al recetar analgésicos altamente adictivos con el fin de consolidar su nuevo negocio.

También hay ocasiones en las que, contrario al caso de American Express, son las mismas autoridades las que están sujetas al escrutinio público por prácticas menos que ideales. Por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) fue señalado por el New York Times tras intencionalmente retrasar la aplicación del semáforo rojo. Lo anterior habría ocurrido luego que las autoridades federales usaran cifras a conveniencia para el cálculo de riesgo semanal.