Por: Joel Gómez
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¿Qué es el ACTA? En español, existen dos posibles traducciones de este acrónimo: Tratado Comercial Anti-Piratería o Tratado Comercial Anti-Falsificación. En estricta teoría, la traducción más literal sería la segunda. Se trata de un tratado comercial multilateral que, de acuerdo a sus promotores, nace en respuesta al incremento del comercio global de bienes falsificados y obras protegidas bajo derechos de autor “piratas”.
¿Qué países están negociando el ACTA? Los “creadores originales” de este tratado son Estados Unidos y Japón, quienes comenzaron a discutir ideas sobre el mismo en el 2006. En octubre de 2007, Estados Unidos, la Unión Europea (y sus 27 estados miembros), Suiza y Japón anunciaron que negociarían el ACTA. En Junio de 2008 iniciaron formalmente las negociaciones del ACTA, teniendo un grupo de 37 países participantes: Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur, Suiza y los Estados Unidos.
¿Cuál es el objetivo del ACTA? El ACTA pretende establecer estándares internacionales para la observancia y ejecución de derechos de propiedad intelectual para poder pelear más eficientemente contra el creciente problema de la falsificación y piratería. El enfoque es sobre actividades de falsificación y contrabando que significativamente afectan intereses comerciales, más que en actividades de ciudadanos ordinarios.
Es importante enfatizar que ACTA no es un “Tratado de Internet”, pero parte de su contenido (Sección 4: Observancia de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital) pudiere tener un impacto importante en las tecnologías de información relacionado con la propiedad intelectual.
¿Por qué ha generado tanta polémica, confrontación y polarización este tratado? Básicamente, las razones son de forma y de fondo. Tratemos primero las razones de forma. Durante los primeros 5 años de negociación (2006-2010), ningún gobierno compartió públicamente la versión oficial del texto del ACTA, a pesar de que muchas organizaciones civiles, no gubernamentales, ciudadanos y la misma industria lo solicitaron vigorosa y reiteradamente. Además, algunos gobiernos (particularmente Estados Unidos y Japón) dieron acceso a representantes de la industria al documento oficial del ACTA, previa firma de un acuerdo de confidencialidad, negando la misma posibilidad a organizaciones civiles e internautas. En resumen, las razones de forma se traducen en la tremenda secrecía, falta de transparencia y ánimo excluyente o discriminatorio con el que se han llevado a cabo las negociaciones del tratado.
En un segundo bloque de ideas, vienen las razones de fondo que han generado polémica y confrontación en lo relativo, no a la negociación, sino a los contenidos de este tratado. El espacio de esta columna impide hacer un análisis profundo de estas razones de fondo, así que me limitaré a decir que al buscar la observancia de derechos de propiedad intelectual, el tratado socava importantes derechos de los usuarios (como el de privacidad, presunción de inocencia, debido proceso legal, etc.) y convierte en “policías” a ciertos actores de la industria (como los proveedores de servicios de internet) al obligarlos a monitorear y censurar “conductas sospechosas” y “contenidos ilegales” que se dieran en sus redes, servicios o servidores.
¿Esta muerto ACTA? Todavía no, pero podríamos decir que se encuentra en su etapa terminal. A nivel mundial se han llevado a cabo innumerables protestas en contra de ACTA por parte de la sociedad civil, la academia e inclusive de la industria. Muchos países en el mundo han decidido abandonar las negociaciones e inclusive la firma de este tratado internacional. La semana pasada ACTA recibió la estocada final en Europa. Con 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones, el Parlamento Europeo decidió dar por terminado ACTA. Sin embargo, muchos otros países -tales como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur- han firmado el tratado, y aunque ninguno lo ha ratificado todavía, este voto de la Unión Europea no los va a afectar.
En México sin embargo, tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organizaciones autorales y parte de la industria de propiedad intelectual han presionado fuertemente para que México suscriba ACTA. Por su parte, el Congreso Mexicano, en especial la Cámara de Senadores, han solicitado de manera reiterada al Ejecutivo abandone las negociaciones de (y por ende no firme) ACTA. Veamos cuál será la postura del nuevo gobierno que entrará en funciones a fines de este año, si no es que sucede algo antes en nuestro México lindo y querido.
