• Establecimientos pueden ser acreedores a multas desde los 60 mil hasta medio millón de pesos por permitir a los clientes fumar en sus instalaciones.

• A la población que no respete los espacios 100% libres de humo, también se les impondrá cuotas de hasta 3 mil pesos o arrestado por 36 horas.

• La medida tiene como objetivo reducir el índice de tabaquismo en México y limitar los espacios de consumo en áreas públicas y de comercio.

La Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor este 15 de enero de 2023, ha generado controversia, confusión y molestia entre consumidores y operadores de la industria tabacalera, algo que es analizado para Merca2.0 por Mariano Calderón, Socio de Santamarina + Steta.

Y es que, desde esta semana, no se deben ver cigarrillos en medios impresos o digitales, en volantes, vallas publicitarias, carteles o letreros, así como en anuncios vía radio, cine, televisión, teatro, espectáculos en vivo, películas cinematográficas o comunicación vía satélite. En términos comerciales, queda prohibido todo tipo de comunicación que promueva o incite el uso de productos de tabaco, marcas o fabricantes, ya sea por correspondencia, servicio postal o correo electrónico, lo que impacta directamente en la publicidad y exhibición de producto en puntos de venta.

En cuanto a la vía civil, esta regulación limita a los fumadores a encender un cigarrillo en centros de trabajo, transporte público, escuelas, sedes de espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares públicos con acceso a adolescentes.

El Gobierno federal ha justificado la implementación de este decreto bajo el argumento de salud pública y la búsqueda de una reducción en el índice de tabaquismo, pues, de acuerdo con el último Informe sobre el Control del Tabaco en la Región de las Américas 2022, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México se ubica como el sexto país con más fumadores adultos, con un 13.1 por ciento de prevalencia del consumo; por delante de  Canadá, con 13 por ciento; Brasil, con 12.8 por ciento; y Bolivia, con 12.7 por ciento.

No obstante, pese a las intenciones, las repercusiones de esta regulación son tan endurecidas que, entre otras cosas, afectarían a más de1.2 millones de establecimientos y empleos relacionados a estos.

Al respecto, Mariano Calderón, experto en litigio constitucional, administrativo y fiscal, sí ve un panorama lleno de procesos de amparo en los próximos meses, pues ni la industria ni la población aceptará completamente las restricciones que la Ley General para el Control del Tabaco impone.

“Se trata de una inconstitucionalidad desde el momento en que el producto que se busca regular no es ilegal; esto es muy importante porque el tabaco es completamente legal en México, no como la cocaína, la heroína, metanfetamina y otras sustancias que sí están prohibidas. Entonces, lo que esta Ley está haciendo es complicar aún más la venta de un producto legal que tendría que tener la misma oportunidad en el mercado”.

“Hablamos de un movimiento que castiga al comercio formal, al comercio establecido, a aquellos que pagamos impuestos y que cumplimos con las regulaciones, permisos y procesos. Claramente las cámaras (como la Anpec  o la Canirac) no están de acuerdo en que se les prohiba aún más y se ponga en riesgo su economía, sobre todo viniendo de un gobierno que presumía esta línea de acción de ‘prohibido prohibir’“.

Y es que, de acuerdo con el abogado, esta medida -comercialmente hablando- deja prácticamente sin opciones a la industria para decidir cómo manejar sus establecimientos, sus espacios y a su clientela; es una especie de segregación que sanciona, sin el debido proceso, un acto natural del consumidor promovido por sus propios recursos y su libre alveldrío, es decir, limita tanto la cadena operativa de las tabacaleras, marcas, restaurantes, puntos de venta y establecimientos locales, que imposibilita, poco a poco, la venta y consumo sin necesidad de decir que se “ilegaliza”.

Visto desde el impacto al ciudadano, el experto explica que el tema recae en un tema, incluso, de derechos humanos, donde se coarta la libre expresión de las personas y se imposibilita su libertad de consumo en espacios públicos y privados.

“Hablando en un tema completamente constitucional, sin meternos en temas de salud, tú sabes que fumar es dañino, que se tienen índices altos de mortalidad y etc., pero tú decides qué te metes a tu cuerpo, sobre todo porque hablamos de un producto legal del que sí está permitida su venta y su uso; entonces, cercar todos los espacios a esta población es un tema de derechos humanos”.

Mariano Calderón se suma a las voces de especialistas que prevén un impacto negativo en el mercado del tabaco con la nueva Ley, pues considera que esta solo impulsará la piratería, la extorsión y el contrabando en zonas de alta demanda.

Su estimación no está tan alejada de la realidad si tomamos en cuenta que hoy en día el mercado negro ya domina un 20 por ciento en la comercialización nacional de tabaco en México, es decir, 2 de cada 10 cigarros son de contrabando y se pueden conseguir en el comercio informal, en cruceros, paradas del metro, calles y a plena luz del día, según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Va a impactar en temas de corrupción (…) ahora cualquier policía te va a ver fumando y puede caer en amenazas de multas y sanciones”.

Con este panorama, todavía queda esperar los múltiples amparos que la industria y pequeños comerciantes promuevan contra las afecciones que mermarán en la producción y distribución de su producto, por lo cual, probablemente este caso de mucho de qué hablar en este 2023.

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