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Vacante polémica levanta discusión sobre discriminación laboral por institución educativa.
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Empresas restringen oportunidades de los egresados de acuerdo a su nivel socioeconómico.
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Vacantes reflejan problemática empresarial y de recursos humanos, con requisitos excluyentes.
Las diferencias de oportunidades siguen estando presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo la inserción laboral de miles de jóvenes recién egresados, quienes cada día luchan por encontrar un centro de trabajo responsable e inclusivo que, además de convertirse en su medio de generar ingresos, no limite su desenvolvimiento personal y profesional; sin embargo, pese a que autoridades y organizaciones civiles avanzan en fortalecer la Ley Federal del Trabajo para evitar actos de exclusión, aún existen empresas con procesos de reclutamiento que generan polémica al publicar una vacante con requisitos que enaltezcan y rechacen en automático a los candidatos según su raza, género, nivel socioeconómico o certificación en instituciones públicas o privadas.
Este tipo de acciones no son un secreto en la industria, pues en su mayoría son un reflejo de los prejuicios sociales que van más allá de la capacidad productiva, educación, experiencia o habilidades de una persona.
“La discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho”, dice el Consejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED) respecto a algunos anuncios de reclutamiento.
No obstante, para reconocer este tipo de discriminación laboral, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca la pauta de la defensa contra políticas empresariales que violentan a los trabajadores, pero para que estas realmente sean efectivas, dice la CONAPRED, es necesario que las personas encargadas de la gestión de talento replanteen sus formas tradicionales de pensar y actuar durante el proceso de reclutamiento y que los candidatos conozcan sus derechos.
Por ejemplo, el artículo 1 Constitucional indica que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”; mientras que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, indica que el trabajo digno “es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil (…) supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres”.
Asimismo, el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece la que quizá sería la norma más relevante a la hora de evaluar la selección de personal de una empresa.
“(Se considera discriminación) prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo” a candidatos según sus características físicas o personales sobre las profesionales.
Vacante polémica: “perdón por egresar de universidades públicas”
Diariamente podemos encontrar en páginas de reclutamiento y recursos humanos vacantes que generan enojo y controversia, con anuncios de empleo que incluyen contenido discriminatorio y confirman la existencia de discriminación en los procesos de selección de personal de cientos de empresas en México.
Este tipo de “banderas rojas” en el mercado laboral puede focalizarse por medio de exclusión directa o indirecta, como ocurrió con una publicación viral en Twitter donde fue exhibida una vacante para arquitecto donde automáticamente los egresados de universidades públicas son rechazados.
A este tipo de ofertas se les conoce como discriminación directa, la cual se identifica cuando la normativa, leyes o políticas de una compañía excluyen o desfavorecen explícitamente a ciertos trabajadores, atendiendo a características tales como la opinión política, el estado civil, el sexo, su nivel socioeconómico o, en este caso, el instituto en el que estudiaron.
Como se puede ver en la publicación de @ikat_ya, una empresa, que no es revelada en el hilo de indignación, solicita Arquitecto Junior para elaborar proyectos y planos para el sector retail; no obstante, aunque no especifica salario sí pide que la persona que buque postularse domine el idioma inglés, programas de diseño y sea egresado específica y únicamente de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac o el Tecnológico de Monterrey.
Perdón por haber egresado de Universidad Publica ?? @la_de_rh @frasalazar pic.twitter.com/2m9naVm9pU
— champagne mami ? (@ikat_ya) May 27, 2022
Como era de esperarse, usuarios han empezado a debatir las prácticas de selección que indignan y vulneran a las nuevas generaciones de trabajadores, señalando fallas de la industria en el área de recursos humanos que deben mejorarse.
“Un maestro de la UAM nos ofrecía (paga) hacer el proyecto de sus estudiantes del TEC le decíamos q eso no era ético y nos decía q nos acostumbramos q íbamos a ser los empleados de ellos cuando termináramos la carrera”, @ultimatepats
“Tengo la hipótesis de que cuando un empleador busca sólo egresados de universidades públicas no es por el prestigio o la calidad académica sino porque sabe que, en general, nos vendemos más barato”, @J_Garcia451
“Yo también lo vi, quisiese saber cuánto ofrecen por ser del Tec”, @SamanthaMorDiaz
“El que paga, manda. ¿Tan difícil de entender? Ofendidos everywhere”, @RemyRutkow
“Nombreeeeee pido disculpas por ser egresada de pública”, @marijoocc
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