Verónica estuvo 4 años con su novio. Durante la relación se compartían mensajes, fotos e incluso videos de carácter sexual, con la confianza que le daba tener este tipo de prácticas con su pareja formal. Ahora, teme que su exnovio –a quien dejó por continuas agresiones verbales y psicológicas- comparta ese material.
Verónica es uno de los típicos casos de violencia digital. Y es que el 80 por ciento de este tipo de violencia va dirigida a mujeres de entre 20 y 30 años, mientras que un 40 por ciento, es propinada por personas allegadas como exparejas, amigos, conocidos y familiares, según datos compartidos por la psicoterapeuta familiar y docente de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Katiusca Florescano Gil.
La violencia digital es entendida como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite; comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia”. Así se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal.
Este delito no sólo tiene que ver con contenido sexual explícito, hay 13 formas de incurrir en él: el doxing, entendido como la búsqueda, manipulación y publicación de información privada de una víctima; la suplantación de identidad; la piratería; el hackeo; el stalking, que es la acción de espiar y reunir información en línea sobre la víctima y comunicarse con ella en contra de su voluntad; las amenazas de agresión, incluidas amenazas de violación, feminicidio, de violencia física, etcétera, dirigidas a la víctima y/o sus familiares y relaciones cercanas; el mobbing o acto de acosar a una víctima a través de un despliegue hostil de ataques, la recepción no solicitada de materiales sexualmente explícitos y hasta el discurso de odio sexista, que comprende la publicación de contenido violento y de comentarios sexistas e insultantes, abusando de las mujeres por expresar sus propios puntos de vista y/o por denunciar haber sido víctimas de violencia.
Y es que detrás de las pantallas de nuestras computadoras, tablets y/o celulares las mujeres nos sentimos seguras porque no estamos en contacto físico con el agresor. Creemos que nada puede ocurrirnos si estamos en la comodidad de nuestro hogar o en nuestra oficina. Pero la verdad es que no hay ninguna diferencia entre la violencia online y offline, al final es violencia, ninguna es más grave que otra, sin embargo, puede que una agresión de le pie a otra.
Y la pandemia ha profundizado esta práctica. En los años recientes, se ha promovido entre mujeres adolescentes y jóvenes, e incluso niñas, que es posible practicar el sexting seguro. Esta noción la difunden, incluso, organismos de derechos humanos e instituciones públicas que tras el encierro impuesto en el mundo por el Covid-19 vieron en la virtualidad una posibilidad. Lo que no consideran estos sectores es que, en el patriarcado, las mujeres no podemos estar seguras. Ni siquiera en los espacios 2.0.
En esta trampa se ha metido a millones de mujeres y niñas, aludiendo al consentimiento y a la libre elección sexual, para invitarlas a compartir sin ponerse en riesgo sus imágenes íntimas, a través de chats, redes sociales, páginas de Internet y más.
Es cierto que ya han surgido iniciativas legales, como la llamada Ley Olimpia, que sanciona a las personas agresoras con una pena que va de los tres hasta los seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), pero no hay una previsión del delito, sólo la condena, una vez que ya se cometió.
En este campo de la virtualidad es mucho lo que nos falta por avanzar. Empezando por la educación de quienes podemos resultar agredidas en esta súper autopista de la información y los datos.