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Uber confesó en un análisis miles de casos de agresiones sexuales en sus viajes pero ahora no quiere dar detalles a las autoridades.
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Deberá pagar 7 mil 500 dólares por cada vez que se negó a responder cada pregunta durante el proceso.
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La firma reveló pérdidas de 5.799 millones de dólares entre enero y septiembre, en su reporte del tercer trimestre del año.
Fue durante 2017 que Uber Technologies dio a conocer que despidió a 20 de sus empleados (entre ellos habría altos CEOs) luego de una investigación sobre denuncias de acoso sexual y otros reclamos dentro de la compañía. La firma de abogados Perkins Coie estudió reclamos de acoso, discriminación, intimidación y otras preocupaciones de los empleados.
Investigó 215 reclamos de personal que se remontan hasta 2012. De esos 215, 54 estaban relacionados con discriminación, 47 con acoso sexual, 45 con comportamiento no profesional, 33 con intimidación y 36 con otros ítems. La mayoría ocurrieron en la sede de Uber en San Francisco. Finalmente hubo 20 despidos por entender que acosaron a otros empleados y 30 apercibimientos.
Sin embargo, no en todos los casos la compañía ha actuado como debería, al punto de que tiene 30 días para pagar una multa de 59 millones de dólares a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) por no responder a las preguntas del regulador sobre un informe de seguridad condenatorio publicado por la compañía en diciembre de 2019, según reportó The San Francisco Chronicle.
Uber de pagar y responder a preguntas pendientes sobre temas de acoso sexual o de lo contrario la CPUC podría suspender la licencia de la empresa para operar en el estado, según un juez de derecho administrativo.
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El informe, que la propia Uber calificó como “discordante” en ese momento, detallaba miles de agresiones sexuales en Estados Unidos, que ocurrieron durante 2017 y 2018 en los viajes realizados con la plataforma de transporte de la compañía. Si bien el informe de 84 páginas incluía una gran cantidad de datos en conjunto, la CPUC quería saber más poco después de su lanzamiento porque Uber admitió en la letra pequeña que el informe no “evaluó ni tomó ninguna posición sobre si alguno de los los incidentes reportados realmente ocurrieron”.
Le piden detalles específicos sobre cada incidente de agresión y Uber no quiere responder a las preguntas, alegando que una mayor divulgación presentaría un riesgo de privacidad. En enero de 2020, un juez denegó la solicitud de la compañía de evitar responder, pero hasta ahora no lo ha hecho.
El juez dijo que está poniendo “obstáculos legales engañosos” destinados a “frustrar la capacidad de la Comisión para recopilar información” sobre si Uber está operando de manera segura. El juez llegó a la cifra de 59 millones de dólares imponiendo una multa de 7 mil 500 dólares por cada vez que Uber se negó a responder cada pregunta durante el proceso.
“Uber es una empresa de miles de millones de dólares que puede permitirse pagar fácilmente, incluso durante una pandemia en la que el número de pasajeros sin duda ha disminuido”, escribió el juez.