Más allá de los debates sobre la asignación de recursos y las riñas políticas entre partidos, el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 20201 (PPEF 2021) presentado por Andrés Manuel López Obrador nos recuerda la enorme necesidad que tenemos de contar con mecanismos de financiamiento eficaces y transparentes que nos permitan llevar a la realidad las políticas públicas.

La Escuela es Nuestra, Tren Maya, Sembrando vida, Pensión a Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo a las Personas con Discapacidad son algunos de los nombres de los programas a los que apuesta el ejecutivo como los ejes rectores de su política social. Sin embargo, en lo que va del sexenio, hemos visto que el gobierno aún peca de los viejos defectos del régimen priista: simulación, falta de transparencia y corrupción.

Por ello, es esencial que las políticas públicas dejen de ser letra muerta para convertirse en verdaderos mecanismos de transformación. La iniciativa privada es fundamental para lograrlo. Y aquí quiero aclarar algo importantísimo: no estoy diciendo que las empresas suplan las tareas que constitucionalmente corresponden al gobierno, sino que existan esquemas fiscales adecuados para que la IP (siempre vigilada y controlada por temas de conflicto de interés) llene los huecos que no ha podido cubrir el Estado. Y esto se vuelve doblemente necesario en estos tiempos en los que la 4T ha decidido hacer a un lado a las asociaciones civiles, las cuales ya no pueden recibir recursos públicos de manera directa y eso ha provocado que se desatiendan infinidad de problemas sociales.

Por ejemplo, la semana pasada, tuve la oportunidad de hablar con Guillermina Hernández, una activista social con más de 20 años de experiencia, quien en la alcaldía Iztapalapa lucha por construir gimnasios urbanos para miles de jóvenes que no tienen la oportunidad de esparcimiento en áreas verdes. Ella, con distintas asociaciones civiles, ha buscado los apoyos gubernamentales con la administración capitalina y con la alcaldía presidida por Clara Brugada, pero lamentablemente no ha tenido las respuestas esperadas. Aquí, por ejemplo, pienso en cómo una empresa dedicada a infraestructura deportiva como PDL, la cual podría contribuir con su granito de arena y, a cambio, recibir exenciones fiscales justas. 

Ahora vayamos a otro rubro: aunque la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha dicho que AMLO es “un gran aliado” de la discapacidad, la realidad es muy distinta. Ottobock, empresa alemana experta en atención técnica y social a este grupo social, estima que sólo el 10% de las personas con discapacidad cuenta con acceso a un apoyo federal. 

De hecho, un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 indica que las personas con discapacidad siguen siendo soslayadas de la agenda pública. Por ejemplo, en el DIF siempre se ha contemplado un programa para la atención a personas con discapacidad; para el siguiente año, ese programa no tiene presupuesto asignado. Tampoco está incluido el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, que el año pasado recibió un fondo de 400 millones de pesos. En el sector educativo el asunto se agrava. Para 2021, la SEP no contempla el Programa de Inclusión y Equidad Educativo ni el de Fortalecimiento de Planteles Federales de Educación. 

Ante estos vacíos que lucen difíciles de cubrir, el gobierno debiera formar equipo con la iniciativa privada para que las políticas sociales no pierdan fuerza o, peor aún se vean en la necesidad de desaparecer.