La legitimización es parte intrínseca de la política. La Historia nos lo ha enseñado. No es casualidad que, ante cualquier crisis, un jefe de Estado legitime su postura mediante acciones que apelan directamente al lado más emocional del pueblo. Esto es lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador al intentar facultar al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para convertirlo en un agente casi policiaco que “mida” la distribución de la riqueza de los mexicanos.

La propuesta de MORENA —que indudablemente tuvo el visto bueno previo del tabasqueño— es que el Inegi tenga las facultades constitucionales para revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza. Así como lo lee.

Ahora regresemos a la legitimización. No es casualidad que se lance esta propuesta en el peor momento de AMLO en niveles de popularidad y aceptación, de acuerdo con datos recabados por consultoras como Mitofsky y Encoll.

Ante la llegada de una nueva ola de opinión pública negativa, AMLO apuesta nuevamente por medidas populistas que abonen a la polarización social y a fortalecer una narrativa de ricos contra pobres, de buenos contra malos, de transparentes contra corruptos. Una visión claramente maniquea si se toman en cuenta las pifias que se han cometido en la 4T en los últimos dos años.

Lo del Inegi se trata de una iniciativa que ha sembrado más dudas que certezas. No sólo porque se trata de una propuesta claramente invasiva, sino porque el cariz de este proyecto parece provenir más de un resentimiento social que de una verdadera estrategia económica o tributaria.

Según el documento firmado por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de MORENA, el Inegi “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”. Además, detalla que, “también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.

Más allá del debate en torno a la propiedad privada, esta propuesta hará que muchísimas personas levanten la ceja. Y tienen razón: un gobierno que no ha sido transparente, que apuesta por la simulación y que prefiere la retórica por encima de las acciones concretas, no puede exigir transparencia. Por eso la propuesta ha sentado tan mal entre los círculos empresariales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó ayer su desacuerdo con esta iniciativa de querer imponer un “nuevo Estado”. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de este organismo, Gustavo de Hoyos, resumió su reacción negativa en una palabra: “¡Uff!”. No entiende cómo es que un gobierno proponga gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso.

MORENA ahora deberá explicar los criterios bajo los cuales se quiere transformar al Inegi y, sobre todo, tendrá que “agarrar parejo”, porque no es un secreto que hay dinero sucio metido en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Incluida la política.

Lo que vendrá en los próximos días será un debate en el que, lamentablemente, tendremos que lidiar con extremismos políticos, tanto a la izquierda como a la derecha. Ojalá que esta vez estemos a la altura y discutamos sin maniqueísmos ideológicos ni resentimientos sociales. La política hecha desde la víscera conduce, casi siempre, a la hecatombe.

Nadie duda de la necesidad que tenemos los mexicanos de vivir en un país menos desigual, nadie duda de la urgencia que se tiene por transparentar los recursos, nadie duda de la cruzada contra la corrupción, ¿pero cómo podemos confiar en un gobierno que cierra los ojos ante la crisis hospitalaria y ante la terrible crisis económica que se avecina?