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AMLO aseguró que también, con los adeudos de las empresas, se podrían comprar 40 mil ventiladores para la COVID-19
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Hacia el final de su conferencia, dijo que los 50 mil mdp que deben las corporaciones se dedicarían a créditos para PyMEs
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Por otro lado, aprovechó para criticar a varios medios y agentes conservadores por querer ver fallar su proyecto de gobierno
Por la crisis sanitaria de la COVID-19 desde el domingo pasado que el Gobierno de México dio a conocer sus acciones económicas para lidiar con la pandemia. Además de continuar con la compra de los insumos médicos que se necesitan para atender a los enfermos, también dijo que se otorgarían créditos a negocios. Pero estos apoyos a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) podrían ser más cuantiosos, si al menos las grandes corporaciones colaboraran,
Al menos así lo dió a entender el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera. Ayer, de acuerdo con La Jornada, dio a conocer que 15 corporaciones del país debían en total 50 mil millones de pesos (mdp) al fisco. En este sentido, durante la conferencia del día de hoy, el titular del Ejecutivo federal retomó la información y la relacionó con la respuesta a la COVID-19. En específico, con los prometidos créditos para las PyMEs.
El presidente aseguró que ya envió una carta al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para informarle de los adeudos y empresas que no han cumplido sus obligaciones fiscales. Además solicitó la ayuda de la asociación para que sus agremiados cumplan con estas deudas. En ese sentido, dijo que si las 15 organizaciones pagaran los 50 mil mdp, se podrían dar tres millones de créditos a PyMEs ante la COVID-19. Esto, frente al millón de apoyos ya contemplados.
Presión no tan discreta por COVID-19
La pandemia y la política han estrechado lazos significativamente desde que el patógeno llegó por primera vez a México. No solo AMLO ha aprovechado la COVID-19 para hablar sobre el perfil del ciudadano promedio, sino para reconocer las acciones de ciertos empresarios. A eso se le debe sumar que desde la esfera política se tomaron decisiones precisas para controlar al virus y sus efectos secundarios. Por ejemplo, congelar sueldos y plantear estrategias globales.
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Sin embargo, ésta última declaración de AMLO sobre la respuesta ante la COVID-19 pone a México en un lugar muy incómodo. Y es que, en términos generales, parece responsabilizar a estas 15 empresas deudoras y al CCE de su respuesta a la pandemia. A menos que puedan obtener 50 mil mdp en el tiempo y la forma que desea el presidente, la organización y estos 15 agremiados serán señalados por empeorar la crisis. Y los forzaría a tomar decisiones radicales.
Por ejemplo, contratar deudas que las pongan en riesgo de quebrar. O bien, reducir los costos de sus operaciones, que probablemente impliquen mayor recorte de personal y operaciones con su respectivo impacto a la economía. Si no cumplen, pagan a destiempo o no cubren el monto que solicita AMLO, puede fácilmente acusarlos de quitarle dos millones de créditos a PyMEs. Quien jamás pierde es el Ejecutivo federal. Si recibe el dinero, continúa como el líder que cambió el país. Si no, es la víctima que debe resolver como pueda la crisis por COVID-19.
Una situación precaria
No se trata de una situación sencilla. En los primeros estimados, se ha calculado que pueden perecer alrededor de un millón de compañías, en especial PyMEs, en la crisis de COVID-19. Por otro lado, se calcula que el costo total de la pandemia solo en México podría ascender a los 37 mil millones de dólares (mdd). A eso se deben sumar los temerarios comentarios de ciertos grandes empresarios y las expectativas globales de las instituciones financieras líderes.
Y si bien, considerando estos hechos, la situación de la COVID-19 debería tener un enfoque de salud, económico o social, en México también el discurso se ha arrastrado a lo político. De acuerdo con El Universal, múltiples servidores públicos y líderes de opinión han saltado a esta discusión, en parte para comentar el desempeño del Gobierno para su mitigación. Esto, a pesar de las repetidas invitaciones a una “tregua” por parte de las autoridades, según SDP.