Las plataformas online tendrán que compensar a los editores y creadores si publican su contenido en sus páginas webs, de ser aprobada la normativa de medios online de la Unión Europea.

Con estas nuevas reglas, los productores de contenido podrían obtener mayores ganancias de empresas como la matriz de Google, Alphabet o de Facebook, si se utiliza su material, lo que posiblemente se haría a través de licencias concedidas para tal fin, de lo contrario ese contenido tendría que ser retirado de dichas plataformas.

Incluso no se permitiría la publicación de fragmentos de textos de noticias en dichas plataformas, si no se acuerda un pago previo.

SI bien para unos se trata de compensar de forma más justa a los creadores de contenido, toda vez que los gigantes de internet ganan ingentes cantidades de dinero gracias a dichos contenidos sin pagar adecuadamente, para otros puede significar el fin de internet como se conoce hasta ahora en la UE.

Han sido más de dos años de discusiones desde que la Comisión Europea planteó la legislación y que este miércoles ha avanzado un paso más, aunque no sin polémica, especialmente porque sus detractores temen que se convierta en un arma de censura online.

Por su parte, Google ha asegurado que tendría que retirar Google News, si los editores de noticias no les permiten usar sus textos para mostrar las diferentes webs –como ya sucede en España–, aunque esperaran a ver el texto final para tomar una decisión.

Entre los temores de las plataformas está el de tener que revisar antes de publicar, todo el contenido que incorporen, algo que actualmente se hace a posteriori, por ejemplo en el caso de YouTube y luego en caso de denuncia o avisos, se retira aquel contenido que incumple las normas. De aprobarse esta normativa, el mecanismo tendría que ser otro, para evitar infringir el tema de los pagos.

Ello traería como consecuencia el que las plataformas apliquen filtros muy estrictos y costosos que además son bastante dados a los errores.

Por ahora habrá que esperar a que se avance en las negociaciones y a que sea aprobada la normativa por el Parlamento Europeo y cada estado miembro de la UE.