Cualquier persona que utilice con frecuencia las redes sociales y guste de enterarse de las noticias, se podrá haber dado cuenta de que las denuncias de acoso y abuso sexual por medios digitales se han incrementado exponencialmente en los últimos años.

Es evidente que, no es que cada vez existan más acosadores y acosados en el mundo, sino que la facilidad que otorga un medio en el que es posible exponer cualquier tipo de inconformidad, así como un clima social que fomenta el no quedarnos callados ante un abuso de cualquier tipo, ha traído como consecuencia que con mayor frecuencia nos enteremos de casos de mujeres y hombres que afirman haber sido víctimas de abuso en varios niveles.

Un reportaje publicado por The New York Times el pasado mes de octubre señala que, a raíz del surgimiento del movimiento #MeToo, 201 hombres poderosos que ocupaban altos cargos en sectores como el político, cinematográfico y televisivo, editorial, entre otros, perdieron sus trabajos y muchos de ellos fueron procesados.

Basta recordar el caso del actor Kevin Spacey, quien justo hace un año fue acusado de abusos sexuales por otro actor cuando éste era menor de edad.

El de Spacey fue un caso determinante para que más personas se atrevieran a sacar a la luz pública sus casos de abuso y para demostrar el escarmiento que, en adelante, se comenzó a dar a quienes cometieran estos actos. Aunque existen varias teorías, hoy se desconoce el paradero del célebre actor de House Of Cards.

La valentía de las y los denunciantes de este tipo de abusos en muchos países del mundo es, sin duda admirable. Luego de que las denuncias empezaron a surgir como hongos, muchas personas que en el pasado sufrieron abuso se atrevieron también a denunciar, en una cadena que destapó las aberrantes cloacas de la violencia sexual y el acoso en casi todos los sectores.

El aumento en las denuncias en México se refleja en las cifras que publica la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que afirman que en mayo de 2017 se crearon 141 carpetas de investigación por abuso sexual y 29 por acoso, mientras que en mayo de 2018 se reportaron 182 casos de abuso sexual y 39 de acoso. En el primer semestre del 2018 las denuncias por acoso sexual aumentaron al 42% con respecto al mismo periodo de 2017.

Sin embargo, como todo polémico movimiento, la serie de denuncias legítimas trajo consigo un gran número de falsas denuncias, fraguadas con el fin de perjudicar mezquinamente a más de un o una inocente, que, sin deberla ni temerla, entró a la lista de personas peligrosas, se haya comprobado o no su participación en hechos que hayan dañado a un tercero.

Es aquí donde se presenta el arma de doble filo que significa el empoderamiento del usuario de redes sociales y del periodista o líder de opinión. Cuando cualquiera de estos dos actores osa denunciar a alguien, ese alguien no tiene más que afrontar una lluvia de críticas, descalificaciones y consecuencias irreparables en su vida diaria.

Pero ¿qué ocurre cuando a alguien se le acusa de algo que nunca hizo, con la finalidad de perjudicarlo directamente?

La era de la posverdad nos han enseñado de que, lo primero que se publica será la percepción permanente con la que se quedarán las personas, es decir, cuando alguien es acusado de haber causado daño, sobre esta persona pesara dicha acusación, aunque posteriormente se pueda comprobar su inocencia.

Desafortunadamente, el poder que puede otorgar una red social, una pluma o un micrófono, con frecuencia es utilizado para lanzar acusaciones falsas con el fin de desprestigiar y hundir a personas inocentes. Hoy, para la sociedad crítica y de fácil indignación, es intolerable que alguien cuestione a quien acusa directamente a un tercero sin pruebas ni evidencias.

En el ejemplo concreto de los medios de comunicación, resulta fundamental que éstos mantengan un control sobre todo lo que publican. Aunque esto no es novedad y uno de los principios básicos del periodismo es jamás publicar algo que no esté confirmado, tampoco es novedad que muchos medios de comunicación son utilizados como herramientas para hundir a personajes incómodos para los intereses de los dueños y directivos de dichos medios.

Ante esta falta de ética de varios medios de comunicación, es conveniente cuestionarnos, antes de dar por hecho la culpabilidad de alguien, si la denuncia que recae sobre él o ella está sustentada o simplemente forma parte de una campaña de desprestigio como las que suelen abundar.

Ya sea con señalamientos de abuso sexual o de otro índole, más de un medio de comunicación en México ha utilizado su poder para desprestigiar a alguna figura pública.

Basta recordar la reiterada protesta que dirigía Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa. El entonces candidato del PRD por la presidencia de México, en sus dos primeras candidaturas, sostenía ser objeto de un cerco informativo por parte de los medios (por el entonces duopolio televisivo, sobre todo), a quienes acusaba de ser faltos de imparcialidad con el fin de desprestigiarlo y evitar que llegara a Los Pinos.

Más grave aún era la inconformidad del hoy Presidente electo por la presunta campaña de desprestigio mediático que abonó a que fuera desaforado en 2005 en uno de los procesos legales más polémicos en nuestro país.