Después de nueve años de estar fuera de la actividad en la prestación de servicios de electricidad, el Sindicato Mexicano de Electricistas volverá, pero esta vez con una marca de su propiedad.
En agosto pasado, la organización laboral de lo que fuera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro recibió el permiso de la Comisión Reguladora de Energía para operar a la marca Suministro Básico del Centro, Subace, empresa que prestará servicios de suministro eléçtrico en la misma región que Luz y Fuerza: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, y zonas de Michoacán.
Gracias a las nuevas reglas emitidas por las reformas estructurales que impulsó el gobierno del presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, empresas particulares pueden participar de la explotación de energéticos y su usufructo y esta organización gremial árece haber aprovechado la oportunidad.
Hablamos del aguerrido sindicato que hace unos nueve años, en octubre de 2009, entró en un grave conflicto con el gobierno del entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, quien decidió liquidar la Compañía de Luz y a más de 44 mil empleados. La infraestructura que dotaba a la capital y varios estados de la zona central del país fue absorbida por otra empresa del Estado: Comisión Federal de Electricidad.
Los argumentos del gobierno fueron los altos costos de operación y la mala calidad en el servicio de suministro eléctrico, pero el secretario general del SME, Martín Esparza -quien continúa en el cargo actualmente-, denunció que en realidad se trataba de una disputa por el manejo de mil kilómetros de fibra óptica que estaban en control de Luz y Fuerza y su sindicato.
El conflicto entre el SME y el gobierno federal por la reinstalación de empleados -unos 16 mil no aceptaron la liquidación que se les entregó- se extendió hasta 2016, cuando llegaron a acuerdos finales y el grupo sindical ya había formalizado sus acciones para integrarse a la prestación de servicios privados.
La Reforma Energética, aprobada por el Congreso de la Unión en 2013 estableció que empresas particulares puedan participar en la prestación de servicios de electricidad, sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional, que en la zona donde estaría participando el SME, supone unos 6 millones de consumidores.
