En 2017, las dos filiales de la empresa tecnológica que existen en España pagaron 14,5 millones de euros a la Agencia Tributaria después de que el ente gubernamental realizara una inspección a sus declaraciones de impuestos, como se ha podido constatar en las cuentas anuales de ambas depositadas en el Registro Mercantil.
Se trata de una de los mayores golpes de Hacienda, dado contra las grandes empresas de tecnología, que son analizadas con gran atención por parte de la Oficina de fiscalidad internacional de Hacienda, que durante los últimos tres años ha abierto 189 inspecciones a las grandes corporaciones extranjeras.
Más específicamente, en el caso de Apple Retail, la compañía encargada de la gestión los 11 establecimientos de la marca en España, tuvo que pagar 14.189.561 euros después de revisar la presentación del impuesto de sociedades, IVA e IRPF de no residentes durante los años 2009 y 2012. En el caso de esta sociedad, tuvo una facturación para el ejercicio fiscal que finalizó el pasado 30 de septiembre de 2017 de 382,3 millones y además declaró pérdidas de 371.016 euros. Esa filial compra todos los productos a Apple Distribution Internacional, en Cork (Irlanda), país en el que el tema impositivo es mucho más reducido para las compañías.
Por su parte, la otra compañía Apple Marketing, cuyo negocio se basa en vender a otras tiendas los productos que adquiere de la matriz irlandesa, también debió pagar 357.682 euros a Hacienda tras la citada inspección al impuesto de sociedades.
Este desembolso que ha debido realizar Apple es parte de la lucha que mantienen los organismos tributarios europeos para lidiar con las agresivas estrategias tributarias que tienen las grandes empresas como la tecnológica. Es así como muchas compañías usan filiales que facturan la mayor parte de sus ventas a otras compañías del su mismo conglomerado ubicadas en países como Irlanda, Luxemburgo u Holanda, donde la fiscalidad ofrece mayores ventajas para las empresas declarantes. Si bien se trata de una práctica legal, tanto los organismos europeos como los principales representantes políticos critican abiertamente esta situación.
De hecho, en el caso de España, la Agencia Tributaria establecerá un nuevo impuesto con gravámenes para este tipo de empresas tecnológicas, pues desde hace varios años se ha puesto el foco en evitar este tipo de practicas, especialmente cuando se trata de compañías online. Una línea de acción que poco a poco comienza a mostrar resultados.