Senadores y diputados alistan un borrador de la ley general de comunicación social, para cumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de regular la publicidad gubernamental a más tardar el 30 de abril.
El modelo de ley está siendo preparado por diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
La ley general de comunicación social, reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 constitucional, establecerá las normas a las que se deberán sujetar las entidades públicas, así como garantizar que la inversión financiera en la materia cumpla los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
La legislación incorporará siete apartados en los que se regulan el contenido de la comunicación social: el gasto en la materia, la evaluación de la comunicación social, la revisión y fiscalización, la actualización del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, los informes al Poder Legislativo, así como las infracciones y sanciones.
La propuesta establece que deberá respetarse a cabalidad la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la nación, así como el fomento al acceso ciudadano a la información.
También se prevé que la administración pública federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), informe bimestralmente a la Cámara de Diputados los avances en la ejecución de programas y campañas de comunicación social.
El 30 de noviembre de 2017, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión regular el uso de dinero público destinado a la publicidad oficial.
La decisión fue tomada en una votación de cuatro votos a uno en la Primera Sala de la SCJN ante la omisión del Congreso de legislar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.
Los ministros de la Primera Sala resolvieron concederle el amparo a la organización no gubernamental Artículo 19, que impugnó la omisión del Congreso en la materia.
La organización se quejó de la inacción del Congreso, pues desde febrero de 2014 estaba obligado a regular el gasto en publicidad oficial, según estableció la reforma político-electoral aprobada entonces.
