El servicio de mensajería instantánea, WhatsApp, tiene actualmente más de mil 300 millones de suscriptores, crecimiento que lo ha logrado gracias a sus constantes actualizaciones, así como por sus herramientas de negocios, donde las marcas tendrían acceso a los usuarios para comercializar en un futuro, sin embargo, al ser propiedad de Facebook era evidente que en algún momento intercambiaran información, situación que molestó a algunas autoridades.
De acuerdo con CNBC, autoridades francesas dieron ultimátum a WhatsApp de un mes para que detenga las transferencias de datos desde Facebook, sin el consentimiento de los usuarios.
La autoridad de protección de datos de Francia (CNIL, por sus siglas en francés), advirtió a WhatsApp que no extrajera datos de usuarios de Facebook, aunque fueran de un mismo propietario, no sin el consentimiento de los usuarios. La decisión se produce un año después de que las autoridades de privacidad de la Unión Europea dijeran que tenían “serias preocupaciones” sobre el intercambio de datos de usuarios de WhatsApp para fines que no estaban incluidos en el servicio.
Para la CNIL, se trató de un aviso formal para detener la transferencia masiva de datos de WhatsApp a Facebook y viceversa, además de que deben alertar a sus usuarios de que sus datos están en juego y estos necesitan “tener la opción de tener sus datos bajo control”. Hasta el momento, ambas compañías no han dado su versión. Aunque en otras partes del mundo las trasferencias de datos entre WhatsApp y Facebook suceden casi de modo habitual, la realidad es que lo hagan sin el consentimiento de los usuarios y sin ningún tipo de presión por parte de alguna autoridad.
Asimismo, las compañías tecnológicas suelen realizar dichas acciones argumentando que están amparados por leyes de Estados Unidos, no obstante, autoridades europeas rechazan estos argumentos. Además, cabe recordar el largo historial de multas multimillonarias hacia las firmas de Silicon Valley que operan en Europa, las cuales tienen que ver con neutralidad de la red, uso de datos personales o competencia desleal, y en su mayoría son multas que superan los mil millones de euros.