Este viernes la justicia de España, a través de la magistrado Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, emitió una orden de aprehensión del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, así como a otros cuatro exfuncionarios del gobierno de la región.

La resolución se da luego de que los antiguos servidores públicos no se presentaron ante el tribunal para testificar en una investigación sobre supuestos actos de rebelión relacionados con los intentos de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

La juez, según diversos reportes de prensa, argumentó que el exdirigente catalán fomentó un movimiento de insurrección activa además de que promovió actos, movilizaciones y pronunciamientos entre la sociedad con la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para la región.

El proceso se realiza en la presunta comisión de los delitos son rebelión, sedición así como malversación de fondos. Asimismo, en la víspera rechazó la petición formulada por Puigdemont y los exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia.

Como parte de las tensiones entre ambas autoridades, las consecuencias económicas en el pasado mes de octubre incurrieron en una elevación de gente desempleada de 14 mil 698 personas, cifra que representa un 3.6 por ciento más interanual.

De igual forma, el impacto en el sector hotelero, de acuerdo con el ministerio de Energía y Turismo, refiere que el 56.9 por ciento de los inmuebles encuestados afirman verse afectados por este acontecimiento, respecto al 48 por ciento, de la semana siguiente a los atentados del 17 de agosto.

Tras darse a conocer la noticia miles de manifestantes salieron a las calles para manifestar su rechazo ante la orden de arresto; al tiempo que las autoridades de Bélgica indicaron que estudiarán la petición de arresto ante la comunidad europea.