Durante este fin de semana, el Gobierno de Venezuela acusó a Google de agredir de manera cibernética de cara a los procesos electorales en el país.
El presidente Nicolás Maduro indicó que la firma tecnológica desvía los resultados de búsqueda, además de ocultar los resultados de la página del Consejo Nacional Electoral, donde se efectuará un simulacro electoral previo a la Asamblea Nacional Constituyente.
“Google parece estar contra Venezuela, usted busca la página del CNE y le aparece cualquier otra dirección”, expresó el presidente sudamericano.
Según Hispan TV, en días pasados, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Ortega, condenó un acto similar por parte de Twitter, reprochó la cancelación de 180 cuentas de militantes del Gobierno así como entes políticos.
De acuerdo con el medio; en menos de 15 días la cuenta en la red social del ministro para Relaciones Exteriores de ese país fue restringida en dos oportunidades sin justificación alguna.
A su vez, Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional y uno de los personajes más influyentes del Gobierno de Venezuela, precisó que Google forma parte de una campaña mediática contra las autoridades actuales del país sudamericano.
Esta no es la primera acusación de este tipo en Venezuela, para una marcha programada para el 19 de abril pasado, el presidente Nicolás Maduro ordenó una investigación contra la compañía telefónica Movistar, por apoyar mediante sus líneas, movimientos a favor de la oposición.
Se calcula que en ese país existen alrededor de 30 millones de líneas móviles; Maduro afirmó que la campaña en contra de su mandato costó a Movistar más de 100 millones de dólares.
El Gobierno venezolano es uno de los más desprestigiados de América Latina y el mundo, debido a las decisiones que toma para controlar a su población, a pesar de contar con favorables reservas petroleras, la gestión de los recursos y las limitantes de exportación e importación (bloqueos) propiciaron que entrara en una crisis.
Se tiene cuenta de que al menos 91 personas murieron al cumplirse 100 días de protesta; la falta de acuerdos políticos derivó en un cierre de fronteras, entre otras consecuencias.
La mala imagen que tiene la actual administración se castigó también en el ámbito crediticio, las agencias Moody´s, S&P y Fitch, otorgaron al país sudamericano calificaciones de títulos basura, es decir, que no tiene posibilidad alguna de cumplir con sus pagos.
