El comienzo de la obra pública es vital para que Mauricio Macri pueda continuar sin sobresaltos su gobierno en Argentina. Ante la grave caída en el consumo, la elevada inflación que no logra controlar y el alto nivel de endeudamiento, la salida es reactivar (y de manera urgente) sus planes de obra pública.
Para lograrlo, depende de la inversión extranjera y, en ese escenario, China es clave. Pero hay un problema: si bien el país asiático tiene numerosas inversiones en avance y otras listas para comenzar que fueron acordadas con el anterior gobierno de Cristina Fernández, Macri –al asumir– dijo que iba a revisar todo, denunciando sospechas de casos de corrupción.
“El Gobierno de Mauricio Macri frenó los compromisos asumidos con Pekín por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, y de no retomarse están en riesgo inversiones en energía e infraestructura que pueden ascender hasta 30.000 millones de dólares”, publicó El País de España este miércoles, en coincidencia con la visita oficial del presidente argentino a China. “(Macri) Busca limar las tensiones entre ambos países y lograr que China vuelva a abrir el grifo. Como forma de presión, el Gobierno de Xi Jinping ha dejado de comprar soja argentina y se la adquiere al vecino Brasil aun a precio superior”, agregó.
De acuerdo con El País, “en el centro del conflicto están dos centrales hidroeléctricas proyectadas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner. Ambas están paralizadas por la Justicia, a la espera del resultado de estudios de impacto medioambiental”.
Según el medio español, “le guste o no el proyecto de las represas, Macri tiene poco margen de maniobra”. El tema es que los acuerdos ya firmados con las empresas chinas tiene las llamadas ‘cláusulas de cross default’. Esto significa que si se suspende una, se caen todas. Es decir, si no se hacen las represas, por ejemplo, tampoco la inversión china en el Belgrano Cargas, un ambicioso proyecto para comprar nuevos vagones y locomotoras y modernizar 1.600 kilómetros de vías de tren.
Otro ejemplo son las compras ya adjudicadas a empresas chinas para la adquisición de materiales. “Importarlos del país asiático es mucho más barato que comprarlos en Argentina, pero la legislación local obliga a que al menos el 21% de la producción sea nacional”, un problema más, según El País.
