Una institución educativa, de esas tecnológicas y de estudios superiores en el norte del país, se dedicó a concesionar en cada una de las bibliotecas, de cada uno de sus edificios, de cada uno de sus campus, en cada uno de los estados, el servicio de fotocopiado.

Al ver el negocio que esto representaba, decidió iniciar un programa “altruistamente piloto” en el que pedía a cada uno de sus profesores, de cada una de las materias de bachillerato y licenciatura, de cada uno de sus campus, que “para evitar que los alumnos tengan que -gastar- en un montón de libros que probablemente no les sirvieran del todo y, para evitar que los profesores se lleven los libros de trabajo para revisar las tareas y parezcan el pípila”, mejor recopilaban a modo de antología, qué unidades o capítulos o páginas, de cada libro, de cada materia, de cada semestre su utilizarían para fotocopiarlo, engargolarlo y entregarlo a cada uno de los alumnos “sin costo alguno”, ya que se encontraba incluido con su inscripción semestral (sic). ¿Qué resultó de esto? Un muy considerable deterioro económico en perjuicio de cada autor y editor derivado de la ilegal reprografía de obras como consecuencia de esta -facilitadora logística académica-. Se dejaron de vender libros en todo el país bajo una campaña institucional; hagan la cuenta.

¿Cuál era el brillante argumento del abogado en curso para evadir el pago por dicha actividad? Que como ellos no lo hacían con fines de lucro porque son una institución educativa y los costos involucrados exclusivamente cubrían los gastos que de ello derivaban, entonces no tenían que pagarle a nadie y, por ello, nadie tenía el derecho a cobrarles. Que no había violación alguna a derechos de autor o derechos conexos de absolutamente nadie. ¿Su razonamiento? Si cometo algo indebido, mientras sea institución educativa, no soy pirata. Vaya pilares de la institución, vaya cultura, vaya abogado.

Mi experiencia no terminó ahí; en el año 2001, el hijo de un querido amigo fue alumno de la ficticia institución educativa y, en alguno de los momentos de esparcimiento dentro de las instalaciones de uno de sus campus, fue fotografiado en el marco de una campaña de promoción lo cual tuvo como consecuencia que la fotografía en donde fue retratado se utilizara en material publicitario. Al realizar el reclamo me llevé la sorpresa que saltó a escena el mismo abogado y una vez más con su destacada actitud, se atrevió a señalar que “con qué cara el muchacho se atrevía a exigir algo si sus calificaciones hablaban por el”.

No solo fue de llamar la atención la vulgaridad de su razonamiento, sino la estéril capacidad intelectual de negociación que demostró. Cabe señalar que no solo existió un uso no autorizado de interpretación artística a modo de modelaje, en ese entonces, “el muchacho” era menor de edad lo cual daba una tesitura especial a su asunto por -tampoco- haber existido autorización de sus padres en tal explotación de su imagen.

Hoy, la historia no ha cambiado; hace un mes la multicitada institución pretendía realizar una serie de conciertos, para variar en cada uno de sus campus, a modo de tributo u homenaje a uno de los más grandes y el más prolífico cantautor que ha dado nuestro país. Su intención, simplemente cobrar una cuota en taquilla de “recuperación” por la entrada, ya que como son una institución educativa, “no se persiguen fines de lucro”. En la publicidad que deseaban dar a tales eventos, igualmente estaban involucrados otros derechos como marcas, imagen y evidentemente derechos de autor y derechos conexos en diversas modalidades.

Al no haber logrado no solo la autorización pretendida, sino una negativa expresa y por escrito del titular de los derechos involucrados en su planteamiento y, a pesar de ser asesorados por un destacado grupo de abogados externos expertos en la materia quienes les recomendaron no continuar, decidieron llevar a cabo hasta ahorita el primero de sus conciertos. No pudieron aceptar ser rechazados por el Divo.

Para mi nueva sorpresa, -ese- abogado con quien ya había estado sentado, –ese- que debería estar ocupado o preocupado por mantener el “prestigio” de la marca que representa, es ahora el abogado general y a 18 años de distancia, sigue teniendo orejas de pescado.