La inminente desaparición de siete organismos autónomos “impactaría negativamente en el bienestar de la población”, pues “la autonomía de estos órganos se fundamenta en la necesidad de permitirles operar y resolver de manera separada de los ciclos políticos, sin conflictos de interés en sus resultados”, considera la organización México Evalúa.

Los órganos autónomos en México son entidades públicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas independientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas, y así garantizar imparcialidad y objetividad.

Poco antes de concluir su mandato, Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición de siete órganos autónomos, con el objetivo de que el recorte millonario de presupuesto que ello conlleva se destine para financiar el reparto de pensiones y otros programas sociales, los cuales fueron un sello distintivo de su administración. Sin embargo, esta propuesta significa un retroceso democrático y de abre la puerta a un mayor control político sobre áreas que requieren neutralidad y autonomía —como el acceso a la información y exigencia de transparencia al gobierno, por ejemplo—.

Algunas de las funciones de los órganos que desaparecerán serán absorbidas por dependencias del Gobierno Federal e incluso por el I Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que supuestamente permitirá un uso más racional de los recursos públicos. No obstante, la desaparición de estos órganos propiciará la acumulación de poder en el Ejecutivo.

Los órganos que desaparecerán son:

• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
• Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) se ha encargado de medir la pobreza y de evaluar las políticas y programas de desarrollo social. 

De ser aprobada la reforma presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, especialistas alertan que se pone en riesgo la evaluación de las políticas públicas de desarrollo social, ya que la propuesta contempla la fusión del Coneval con el INEGI, organismo público autónomo que sólo se encarga de recopilar y difundir información estadística del país.

Desde hace 18 años que existe Coneval hay un contraste con lo que existía antes. Lo primero es una medición confiable de la pobreza, ya que hasta los años 90 todavía había una disputa continua sobre si los datos eran creíbles y si la metodología era la correcta, además de que se hacen cálculos del índice de rezago social para definir zonas de atención prioritaria para su atención. Esto es, con la desaparición del Coneval el tamaño de la pobreza será el que determine el gobierno, con instrumentos propios de medición. la ventaja que conlleva la existencia del Coneval es contar con un órgano con capacidad técnica que no es juez y parte en la evaluación, y que además ofrece un enfoque de mejora. No pueden invertirse recursos públicos sin saber qué resultados dan, y para saber qué resultados dan la evaluación es un instrumento indispensable.