La Reforma Energética en México ha marcado un cambio esencial en el rol de las empresas estatales, en particular Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque la reforma de 2013 buscaba abrir el sector energético a la inversión privada, la actual reforma, aprobada por el Congreso, pretende reforzar el dominio de Pemex y CFE en el suministro de energía, dando prioridad a su papel como proveedoras de servicio público por encima de su función como generadoras de ingresos para el Estado.
No obstante, esta transformación acarrea preocupaciones, especialmente en términos financieros. La calificadora Moody ‘s ha alertado que esta orientación podría dañar el desempeño financiero de ambas compañías y aumentar su dependencia del gobierno federal.
La Reforma Energética vigente modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con la intención de revertir los cambios de apertura del sector en 2013. El objetivo principal es que Pemex y CFE garanticen el suministro energético del país, sin priorizar rentabilidad ni eficiencia financiera. Según Moody ‘s, este nuevo enfoque, orientado a garantizar la energía como un derecho y servicio público, aunque tiene una visión social, implica también una carga económica considerable.
La calificadora advierte que esta visión “podría debilitar el desempeño financiero” de Pemex y CFE, pues al centrarse en el suministro como su misión fundamental, estas empresas podrían operar sin tomar en cuenta los costos reales. En un modelo donde los precios no reflejan los costos de producción, el Estado debería subsidiar una gran parte del servicio, lo cual podría drenar recursos públicos, en un contexto donde las necesidades de Pemex crecen cada año.
Uno de los puntos críticos de la Reforma Energética de 2023 es su potencial efecto en la independencia financiera de Pemex y CFE. Moody ‘s sostiene que ambas empresas dependerán cada vez más del apoyo del gobierno para sostener sus operaciones y cumplir sus compromisos
financieros. Entre 2019 y 2023, Pemex recibió un promedio de 9 mil millones de dólares anuales en apoyo estatal, y se proyecta que para 2026 necesitará cerca de 19 mil millones de dólares para cubrir vencimientos de deuda y operaciones.
La dependencia de Pemex en estos subsidios limita su capacidad para invertir en tecnología, exploración o diversificación, reduciendo su adaptabilidad a un mercado energético global que avanza hacia energías limpias y sostenibles. En cuanto a CFE, aunque se estima que no necesitará un apoyo financiero urgente en el corto plazo, sigue recibiendo subsidios del gobierno para mantener tarifas de electricidad bajas, lo que reduce su margen de operación y su capacidad para invertir en infraestructura y transición energética.
Otro riesgo de la Reforma Energética es la disminución de la inversión privada en el sector. La reforma de 2013 promovió la competencia e impulsó alianzas estratégicas entre Pemex, CFE y el sector privado. Sin embargo, la actual reforma limita de forma significativa la participación de actores privados, lo cual podría frenar el desarrollo del sector energético.
En un mercado global orientado cada vez más hacia la inversión en energías renovables, la exclusión del sector privado puede tener efectos adversos para el desarrollo de alternativas sostenibles en México. La falta de incentivos para la inversión en energías limpias podría hacer que el país quede rezagado en la transición energética global, con implicaciones medioambientales y económicas. Este escenario contrasta con la visión de sostenibilidad de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en un enfoque sostenible para el sector energético.
Sin el respaldo de la inversión privada, la transición hacia fuentes más limpias podría ralentizarse, dejando a México con una matriz energética obsoleta y vulnerable a los cambios en los precios internacionales del petróleo y el gas.
Esta nueva Reforma Energética promueve una visión de soberanía energética, buscando fortalecer el control estatal sobre los recursos energéticos nacionales. Sin embargo, esta visión tiene un alto costo al depender de un modelo financiero que requiere apoyo gubernamental constante para sostener a Pemex y CFE. Con costos crecientes y sin incentivos claros para diversificación e innovación, México corre el riesgo de depender cada vez más de su presupuesto público para mantener su sector energético.
En resumen, un futuro energético sostenible para México necesita equilibrar el control estatal y la participación del sector privado, particularmente en áreas que demandan altas inversiones, como la generación de energía limpia. Integrar energías renovables es no solo un compromiso internacional,
sino una necesidad práctica para estabilizar el sistema energético y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
En suma, si México continúa destinando sus recursos a Pemex y CFE sin considerar los costos reales, la capacidad del país para enfrentar los retos energéticos de la próxima década estará en entredicho.
Para asegurar la viabilidad del sector energético, México necesita una estrategia integral basada en la eficiencia operativa y la sustentabilidad.
El botiquín
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