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América Móvil impugnará las nuevas medidas del IFT; asegura que favorecen a “competidores no comprometidos”

América Móvil de Carlos Slim argumenta que el IFT no ha considerado los cambios que ha sufrido el sector en los últimos diez años

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América Móvil, la empresa de telecomunicaciones del empresario Carlos Slim, anunció que planea impugnar las nuevas medidas regulatorias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso en su contra.

La empresa considera que estas regulaciones benefician a “competidores no comprometidos” con el desarrollo del sector y afectan su capacidad para competir y crecer en el mercado de telecomunicaciones en México.

“Estas medidas obedecen a solicitudes de competidores no comprometidos con el desarrollo del sector en nuestro país que buscan mantener subsidios y privilegios regulatorios del IFT para suplir las inversiones productivas requeridas para competir eficazmente”, informó la compañía de la familia Slim a través de un comunicado.

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¿Qué cambios impone el IFT a América Móvil y Telcel?

El IFT, como parte de su tercera evaluación a la regulación impuesta en 2014 a América Móvil, introdujo medidas que abarcan tanto el servicio móvil como el fijo. Estas disposiciones buscan fomentar la competencia y reducir la ventaja de América Móvil en el mercado. Entre las principales medidas se encuentran:

  • Desbloqueo obligatorio de equipos terminales: Todos los dispositivos vendidos por Telcel deberán estar desbloqueados, permitiendo a los usuarios cambiar de operador sin trabas.
  • Prohibición de contratos con plazos forzosos: Telcel no podrá exigir permanencias mínimas en sus contratos de servicios, salvo para clientes corporativos. Esto pretende dar a los consumidores mayor libertad de elección.
  • Restricciones en la recuperación de clientes: Telcel tendrá prohibido contactar a los usuarios que hayan portado su número a otra compañía durante un periodo de 60 días, lo cual evitaría prácticas de recuperación agresivas.

¿Por qué América Móvil considera que estas medidas son injustas?

América Móvil de Carlos Slim argumenta que el IFT no ha considerado los cambios que ha sufrido el sector en los últimos diez años. La empresa asegura que las nuevas regulaciones responden a demandas de competidores que no están dispuestos a hacer las inversiones necesarias para competir eficazmente y prefieren recibir “subsidios y privilegios regulatorios” del gobierno.

En un comunicado, América Móvil señaló: “La resolución no toma en cuenta el contexto actual ni los cambios profundos del sector en la última década. Estas medidas obedecen a solicitudes de competidores que buscan mantener privilegios en vez de realizar inversiones productivas”.

La empresa asegura que las nuevas normas limitarán su capacidad de operar en igualdad de condiciones, en un contexto en el que las telecomunicaciones requieren fuertes inversiones para mantenerse competitivas, especialmente con la expansión de la red 5G.

América Móvil esperaba que las regulaciones apoyaran el crecimiento y la convergencia de los operadores, en lugar de imponer medidas que, según ellos, limitan su capacidad para competir de manera justa.

¿Qué alternativas han propuesto otras empresas del sector?

La competencia de América Móvil, incluyendo Televisa, AT&T y la española Telefónica, han propuesto regulaciones para balancear el mercado. Estas incluyen la separación de Telmex en dos entidades diferentes (una para servicios de usuario y otra para infraestructura) o la adopción del modelo de red compartida, lo que permitiría a otros operadores usar la red de Telcel sin que esta controle el tráfico de sus competidores.

Telefónica, por su parte, propuso que Telcel adopte un modelo de red de núcleo compartido, conocido como Multi Operators Core Network (MOCN), que permitiría a otros operadores utilizar la red de Telcel sin tener acceso a la información de tráfico.

América Móvil impugnará las nuevas medidas

A través de su comunicado, América Móvil anunció que impugnará la resolución del IFT conforme a las leyes aplicables, aunque aún no ha detallado las acciones legales que planea tomar.

La compañía busca frenar la implementación de estas medidas, alegando que estas afectan su capacidad para competir y limitan su operación en un mercado que, según la empresa, debería ser equitativo y justo.

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