Las acusaciones apuntan a una red de explotación sexual operada por la pareja entre 2009 y 2015, durante los últimos años de Jeffries al frente de la reconocida marca de ropa. El arresto es el resultado de una investigación del FBI que se inició tras un reportaje de la BBC, en el que se revelaron denuncias de abuso y explotación sexual de hombres en eventos organizados en residencias de lujo y hoteles.
La controversia no es nueva para Abercrombie & Fitch. Bajo la dirección de Jeffries, la marca fue criticada por políticas de contratación discriminatorias y por la imposición de estándares de belleza poco inclusivos. Sin embargo, las actuales acusaciones de tráfico sexual representan una amenaza más grave, con implicaciones legales y éticas que podrían afectar de manera significativa la reputación de la empresa. Aunque la marca ha intentado distanciarse de las acusaciones argumentando que su actual equipo directivo desconocía los supuestos hechos, la corte ha dictaminado que la empresa debe cubrir los costos de defensa legal de Jeffries debido a la relación de los cargos con su rol corporativo.
Paralelismo con el escándalo de Jeffrey Epstein
El caso de Mike Jeffries y su red de tráfico sexual recuerda el infame escándalo de Jeffrey Epstein, un financiero que fue acusado de tráfico sexual y explotación de menores en una red de contactos de alto perfil. Ambos casos comparten el uso de la riqueza y el poder para atraer y coaccionar a víctimas con promesas de oportunidades laborales o fama, mientras que los delitos se cometían bajo la apariencia de eventos sociales exclusivos. Además, tanto en el caso de Epstein como en el de Jeffries, se ha señalado la participación de intermediarios y reclutadores para atraer a las víctimas.
El arresto de Jeffries no solo plantea preguntas sobre la responsabilidad corporativa y el control interno de las empresas, sino que también revela cómo el abuso de poder puede ocultarse bajo la fachada de industrias glamorosas como la moda. Este escándalo podría representar un punto de inflexión para la rendición de cuentas en la industria y la protección de los derechos humanos.