Un total de 50 países empezarán a intercambiar automáticamente a partir de este sábado datos fiscales de sus residentes, un paso más hacia el fin del secreto bancario; sin embargo, es una iniciativa que no resuelve todos los problemas relacionados con el fraude fiscal.

El 30 de septiembre, los territorios británicos de Anguila, Bermudas y las Islas Caimán, entre otros, dejarán de ser paraísos fiscales y formarán parte de los primeros países en compartir de forma automática los datos bancarios de sus ciudadanos, una medida auspiciada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La lista de naciones incluye a casi todas las de la Unión Europea (Austria se sumará a ellos dentro de un año), una docena de territorios dependientes de Reino Unido y Dinamarca, así como algunos miembros destacados del G20 como Sudáfrica, Argentina, Corea del Sur, India y México.

A partir del sábado, si un francés, por ejemplo, abre una cuenta en Liechtenstein, el fisco de París no tendrá que pedir información al de Vaduz, ya que le comunicará automáticamente el saldo bancario, así como los intereses, dividendos y otros beneficios de las ventas de acciones y obligaciones.

Este cambio es el fruto de una década de lucha contra la evasión fiscal, que se ha convertido en una prioridad mundial tras la crisis financiera de 2008.

Una segunda serie de países aplicará la misma medida a partir de septiembre de 2018, como Andorra, Mónaco, Singapur, Suiza, pero también se añadirán a la lista Brasil, China, Rusia, Japón.

Estados Unidos, uno de los grandes ausentes de este dispositivo mundial, ya cuenta con varias decenas de acuerdos bilaterales sobre el intercambio de datos bancarios, especialmente con Luxemburgo, Mónaco y Suiza.

Un paso adelante

“Es el final definitivo del secreto bancario”, afirma Pascal Saint-Amans, director del centro de política y administración fiscales de la OCDE. “Tanto si la cuenta se abre a nombre propio o a través de un trust o una empresa en Panamá, será declarada”.

El fraude fiscal no desaparecerá sin embargo de un día para otro. Pero ahora para disimular su dinero en el extranjero será necesario pasar por “abogados corruptos e instituciones financieras dudosas”, o sea, utilizar “circuitos extremadamente retorcidos y mucho más arriesgados”, explica.

El intercambio automático “cambia profundamente la naturaleza de las cosas”. Por ejemplo, “los banqueros suizos ya no aceptan a los clientes que no declaran sus activos” y “mucha gente declaró sus cuentas en el extranjero”, asegura. La OCDE estima que son al menos “500 mil en el mundo, por 85 mil millones de euros de impuestos recabados”.

“Es claramente un paso adelante que permitirá segar la hierba debajo los pies de los que son menos organizados”, reconoce Manon Aubry, portavoz de Oxfam en Francia.

Esta ONG se mantiene no obstante escéptica respecto a la identificación de los propietarios de trusts y otras fundaciones, que “avanza a nivel de Europa pero se estanca a nivel global”, y en relación a la plena cooperación de ciertos Estados, como Suiza.

¿Y las empresas?

Desde el escándalo de “Luxleaks”, los miembros de la UE intercambiaron más de 9 mil documentos, pero para Oxfam “lo que está en juego es la difusión de estas informaciones”, ya que “detrás, puede haber una presión de las sociedad civil y de los periodistas”.

Una opinión que comparte Anne-Laure Delatte, directora adjunta del Centro de Estudios Prospectivos y de Informaciones Internacionales (CEPII), que ha analizado la presencia y la actividad de los bancos europeos en los paraísos fiscales.

“Hemos encontrado cosas un poco extrañas”, como filiales no declaradas o ingresos desproporcionados, resume. “El regulador no tiene tiempo de hacer esto, es un año de trabajo”.

Esta medida podrá pronto aplicarse a otras multinacionales. Así, unos 50 países y territorios han aceptado el intercambio automático de informaciones contables y fiscales de grandes grupos, que tendría que empezar a mediados de 2018, según la OCDE.

Pero el Parlamento Europeo introdujo en julio algunas excepciones respecto a ciertos datos “sensibles”, cuya divulgación podría acarrear prejuicios a las empresas afectadas.