Por León Felipe Sánchez Ambía 
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El nuevo paquete económico presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados contempla diferentes impuestos de nueva creación. Entre ellos dos muy preocupantes: el impuesto del 2% para el abatimiento de la pobreza y el impuesto especial sobre productos y servicios del 4% para las telecomuncaciones.
La aprobación de estos nuevos impuestos tendría consecuencias muy negativas en diferentes aspectos. La consecuencia más palpable para nosotros los consumidores sería el aumento en el costo de los ya de por sí muy caros y no tan buenos servicios como el de telefonía fija y celular y el de conexión a Internet.
Otro efecto nocivo para el consumidor y para la industria sería la disminución en el crecimiento del mercado como consecuencia de los altos costos por estos servicios. Esto fomentaría que la oferta existente agrave su falta de competitividad, además de continuar como la oferta más cara de entre las que se tienen en los países miembros de la OCDE.
Hay que recordar que México es el país con el costo más alto, por donde se le quiera ver, en telecomunicaciones de entre los países miembros de la OCDE y mientras en Japón el costo del MBps se sitúa en los $0.07 dólares, en México dicho costo se dispara hasta los $30 dólares por MBps.
Preocupados por esta situación, el día de ayer, un grupo de Senadores, encabezados por el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (Nayarit-PRD), presentaron ante la Cámara de Diputados una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortarla a no aprobar este impuesto del 4% a las telecomunicaciones.
Como bien exponen en el texto del Punto de Acuerdo, no puede considerarse el acceso a las telecomunicaciones como un lujo. Hoy es una cuestión de primera necesidad y en la medida que lo gravemos, encarezcamos y restemos competitividad, estamos frenando el desarrollo del país.
Además de incongruentes, algunos impuestos contemplados en el paquete económico propuesto por el Ejecutivo, pueden también ser inconstitucionales. Lo más triste de todo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser presa, nuevamente, del Ejecutivo y ha dado más de una señal que permiten presumir que se ha convertido en un instrumento de valiadación para los actos ilegales del Ejecutivo.
Por esto, México corre el grave riesgo de ir un 21% más rápido en sentido contrario. Ojalá que nuestros Diputados atiendan favorablemente el exhorto que les han hecho los Senadores.
Son las Leyes de Mercado. Asesórese con su abogado.
